FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | A Babor | Un gato harto de esperar | Francisco Pomares

Finalmente, después de dos semanas largas de confusión y ansiedad de más de 15.000 aspirantes que pugnaban por conseguir una de las 600 plazas de funcionario ofertadas por la Comunidad Autónoma, Función Pública decidió ayer levantar la suspensión del plazo máximo para resolver 16 de los 17 procesos de oposiciones a la Administración regional, pero manteniendo la suspensión del procedimiento que afecta a la selección de aspirantes al Cuerpo Superior Facultativo en la especialidad de Ingenieros Industriales, que provocó el pleito que bloqueó cautelarmente todas las pruebas.

La decisión de paralizar los procedimientos abiertos, en los que ya se habían realizado y calificado parte de las pruebas, fue adoptada en medio del cambio de Gobierno por el que en ese momento era director general de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, tras las sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuestionando que la oferta de empleo público se hubiera realizado por concurso-oposición para acceder a las plazas, cuando la Ley de Función Pública Canaria es muy explícita al determinar que el acceso a plazas debe producirse con carácter ordinario por oposición.

Es sabido que el sistema de concurso-oposición -tradicionalmente utilizado- es una vieja trágala que favorece el acceso de quienes llevan tiempo desempeñando funciones laborales en la administración, en detrimento de quienes intentan incorporarse como funcionarios desde fuera. Es cierto que hecha la ley, hecha la trampa: los legisladores -presionados por los sindicatos de la administración pública, muy aplicados en la defensa de los laborales- admitieron la excepción de rigor que permite violentar el sistema: permitir el recurso al concurso-oposición si para «la naturaleza de las funciones a desempeñar» es más adecuada la utilización de ese sistema. Un argumento de Perogrullo que desmonta la intencionalidad de la propia ley, y que exige además la pormenorizada explicación y justificación por parte de la Administración convocante.

Y aquí radica el inicio del escándalo que lleva desde el 19 de julio haciendo que el gobierno actual y el anterior se tiren los trastos a la cabeza, no tanto por la responsabilidad de convocar sino por la de suspender las convocatorias. Porque el TSJC sentenció que la explicación del Gobierno para utilizar el sistema de concurso-oposición (que los seleccionados ocuparían plazas de jefatura, por lo que valorar los méritos «era importante») no resultaba suficiente.

El Gobierno ha decidido «suspender la suspensión» de todas las pruebas, menos la de ingenieros, que sólo afecta a 15 personas que aspiran a 14 puestos, y que provocó la reclamación de uno de los que no podían aportar méritos, por no haber trabajado para la administración.

El Gobierno ha resuelto lo que comenzaba a derivar en un enorme escándalo con realismo, alegando que la sentencia del TSJC solo afecta a uno de los procedimientos de selección. No cabía otra, pero persiste la duda razonable de que se aprueban leyes para luego no cumplirlas. La filosofía de la norma es clara: todos los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un puesto de funcionario público. En la práctica, con más de la mitad de los empleados de la administración en condiciones de contratación laboral, esa filosofía es pura filfa. Otro pomposo ‘desideratum’ de nuestras leyes, que nunca se cumplen. Alguien debería ponerle el cascabel al gato de las reivindicaciones de los laborales. Pero es un gato muy rabioso. Y también tienen sus razones. Llevan enrabiado casi dos décadas. Esperando.

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