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OPINIÓN | Alquiler turístico; demanda clamorosa | Salvador García Llanos

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Una ley de ámbito estatal que regule la actividad. Esta parece ser una demanda clamorosa en el sector turístico para intentar una solución estable y satisfactoria al problema de la regulación del alquiler de las viviendas o pisos turísticos. Empresarios y profesionales, ante la coyuntura de incipiente estancamiento, sienten que se ha encendido la luz roja de alarma, impulsada por tres factores: el número de habitaciones en estos alojamientos supera, cada vez en mayor cuantía, al de los hoteles; el precio medio de la oferta de esta modalidad es bastante más barato que el de un establecimiento reglado y, tercero, la encuesta publicitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre movimientos turísticos en fronteras, un 20 % de los visitantes que llegan a nuestro país, esto es, unos dieciséis millones de personas, se aloja en uno de estos pisos.

Las cuentas de resultados están resintiéndose, de ahí la demanda señalada, en la esperanza de que la regulación normativa ponga fin a vacíos, irregularidades y desequilibrios en el funcionamiento del sistema. Hay quienes ya han acuñado el término ‘hotelización’ de las viviendas y vaticinan que en una coyuntura desfavorable, como parece derivarse de la recuperación de mercados competidores como Mediterráneo y norte de África, la industria turística lo va a notar.

Parece apremiante, pues, legislar sobre el asunto de una vez, de la forma más homogénea posible. Hasta ahora, algunos ayuntamientos y las modificaciones introducidas por el actual Gobierno en las leyes de Arrendamientos Urbanos y de Propiedad Horizontal han intentado cubrir el vacío pero ha sido insuficiente. La normativa debería incidir en los costes regulatorios que este tipo de alojamientos deben cumplir. Ahora mismo, esa carencia repercute en la oferta de precios, con evidente perjuicio para los hoteles si se acepta, tal como convienen algunas fuentes empresariales, que el cincuenta por ciento del precio de venta de un hotel es el coste del servicio. Según la organización Exceltur, el impacto económico de un turista que se aloja en un apartamento turístico, es muy inferior con respecto a uno que se aloja en un apartamento reglado. El director de Estudios e Investigación de la citada firma, Óscar Perelli, precisa que el gasto diario de este último perfil se eleva a 148 euros, frente a los 80 que gasta un turista que se aloja en un piso turístico.

Luego están los problemas colaterales, que también requieren una solución. Los de convivencia, sin ir más lejos. Los generadores de economía sumergida. La seguridad jurídica de las reclamaciones, cuando las hubiere, para proteger los intereses de los usuarios. Y la de los trabajadores de esta modalidad, que deberían acogerse a los respectivos convenios de hostelería.

El caso es que, en plena temporada veraniega, cada quien intentará escapar a la espera de que, en otoño, y si hay gobierno, se pueda afrontar a corto plazo la cobertura de esa normativa que regule y homogeneice las soluciones que apremian, no sea que después de las vacas gordas, las contracciones también presenten coyunturas problemáticas difíciles de resolver.

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