EBFNoticias | El mes de Abril ha finalizado con una subida interanual del 4,5% en el recibo de la luz del usuario medio, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El recibo mensual será de 73,09 euros, 3,15 euros más caro que el del mismo mes de 2018, cuando se situó en 69,94 euros.
En cuanto al precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad, se ha encarecido un 6,2% con respecto al de abril del año pasado. Así, ha pasado de 13,86 a 14,76 céntimos (impuestos indirectos incluidos).
FACUA realiza sus análisis tomando como referencia las tarifas semirreguladas (PVPC) para un usuario medio, que según un estudio de la asociación sobre decenas de miles de facturas de viviendas ocupadas consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.
Reivindicaciones en materia tarifaria
La asociacion espera que tras su victoria electoral, «Pedro Sánchez lidere un Gobierno de progreso que priorice la defensa de los consumidores impulsando los necesarios cambios normativos para aumentar y fortalecer sus derechos, enfentándose a los abusos de las grandes empresas, entre las que destacan especialmente las energéticas.
FACUA advierte de que el programa electoral del PSOE tiene demasiadas ambigüedades en sus compromisos en materia de política energética. En este sentido, reclama medidas claras y contundentes para acabar con los abusos tarifarios de las grandes compañías energéticas, de manera que se emprenda una intervención del sector mediante el establecimiento de tarifas reguladas por el Gobierno para la gran mayoría de consumidores domésticos.
Así, FACUA propone la creación de una tarifa totalmente regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores».
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