Hace apenas unos días, el 4 de abril, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, informaba del coste de los viernes sociales de Sánchez, asegurando que el montante del conjunto de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros desde que se anunció el adelanto de las elecciones, no llegaba a los mil millones de euros en 2019, y no suponía por tanto, una grave afectación al déficit previsto por el Gobierno. Lo cierto es que me sorprendió la noticia, básicamente porque la suma de gastos previstos para el año 2019 no coincidía con las anotaciones que había ido haciendo de los anuncios realizados por el Gobierno al final de cada Consejo de Ministros.
A mí me salían otras cuentas: alrededor de 2.800 millones sólo en 2019. La mayor parte de ese coste es resultado del Real Decreto Ley de medidas de ámbito laboral, aprobado en marzo, por 1.611 millones, de los que 1.263 se destinan a financiar el subsidio por desempleo a los parados mayores de 52 años, unas medida que la propia ministra del ramo ha reconocido que es en la práctica una suerte de renta vitalicia.
Al decreto de medidas de ámbito laboral hay que sumar el coste de la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, por unos 373 millones en 2019, que ─si se cumplen los compromisos del Gobierno de ampliar la prestación hasta las 16 semanas─ acabará por representar unos 1.741 millones más para el año 2021.
Luego están los 315 millones de la cotización de las cuidadoras no profesionales de dependientes, que se realizará por decisión del Gobierno de Sánchez con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y por último, la recientísima aprobación ─el pasado viernes, después del anuncio de la AIREF─ de un plan de choque contra el desempleo de larga duración, con una dotación estimada de 2.500 millones de euros, 737 millones en este ejercicio.
El plan, que ha sido criticado incluso por los sindicatos porque carece de continuidad más allá de tres años y es bastante inconcreto, incluye medidas ya aprobadas, como el subsidio a parados mayores de 52 años o las bonificaciones a la cuota empresarial para contratar a esos parados. Pero hay también medidas nuevas: 388 millones en 2019 para formación de parados de larga duración, 83 millones para orientación en la búsqueda de empleo en 2019, tres millones para apoyar el emprendimiento de estos parados, y cuatro más para evaluación de los resultados y publicidad el próximo año. En total, el coste de los tres años presupuestados del plan es de más de cinco mil millones, que si se suman a todo lo anterior suponen tres años de afectación al déficit en entre dos y tres décimas. Que no es moco de pavo.
¿Porque la AIREF no da estos datos? Sencillamente porque en su anuncio no se incluyó el coste del subsidio para parados, que el Gobierno retiró para volver a aprobar el viernes pasado, después del informe. No creo que nadie considere que está mal afrontar el drama de los parados de larga duración. Pero hay que asumir que quienes van a resolverlo son nuestros hijos y nietos, que pagarán los excesos de una deuda metastásica, y no un Gobierno que se ha especializado en hacer malabarismos con las cuentas.
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