FIRMAS Francisco Pomares

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En España, algo más de cuatro millones de familias viven de alquiler. Para todos ellos, el Gobierno aprobó en diciembre del año pasado un decreto que sólo logró estar vigente treinta y cinco días, porque Podemos ─que lo consideraba un apaño de escaso valor práctico─ decidió tumbarlo en el Congreso. Durante esos escasos treinta y cinco días, se registraron fuertes subidas de los precios del alquiler en Madrid y en Barcelona, y algo parecido es lo que se espera que ocurra en los próximas semanas y meses, tras la convalidación del nuevo decreto aprobado el pasado uno de marzo por el Consejo de Ministros, y que la Diputación Permanente del Congreso refrendo el miércoles, con el voto en contra del PP y Ciudadanos.

El decreto tiene aspectos positivos, por ejemplo, se incrementa el tiempo de preaviso para el inquilino que quiere abandonar su vivienda, que a partir de ahora es de dos meses, o para el arrendador que decide recuperar su propiedad, y que deberá comunicarlo con cuatro meses de antelación. La prórroga obligatoria se amplia de tres a cinco años, y se establece que los alquileres se tendrán que actualizar de acuerdo al IPC, el formato más extendido ahora, pero no el único. Tampoco se permiten avales o fianzas superiores a una renta de dos meses, y ─sobre todo─ se incorporan algunas medidas protectivas para regular desahucios y evitar abusos.

Pero también se establecen diferencias en las condiciones que deben cumplir los fondos o empresas y los particulares que alquilan viviendas. Se trata de diferencias que en teoría pretenden contribuir a reducir las grandes concentraciones de viviendas de alquiler en manos de fondos y empresas o ─al menos─ obligar a que la actividad les resulte menos lucrativa que a los pequeños propietarios. Entre esas medidas están la de subir de cinco a siete años la prórroga obligatoria, si el arrendador es una empresa, o que los gastos de gestión y formalización los abone el arrendador si es una empresa. La cuestión, es que esas diferencias provocarán que fondos y empresas eleven los precios y exijan más garantías a sus futuros inquilinos.

El mayor fondo inversor en vivienda del mundo (también de España), la multinacional inmobiliaria Blackstone, conocida por sus prácticas monopolísticas y abusivas ─ha sido denunciada en Naciones Unidas por ellas─ ya advirtió hace unas semanas que las modificaciones legales del alquiler supondrán que los precios se subirán para adaptarse al nuevo decreto, y que eso perjudicará principalmente a los arrendamientos más baratos, los que se sitúan por debajo de los 600 euros. Los grandes fondos y las empresas propietarias controlan apenas una de cada veinte viviendas en régimen de alquiler, pero el decreto parece hecho para ellas. Quizá debería haberse legislado para facilitar el alquiler, no para complicarlo? para sacar al mercado vivienda no ocupada, no para incentivar que siga vacía. Esa es la clave. Sólo en Canarias, donde hacen falta 40.000 viviendas, hay más de 130.000 vacías e improductivas, que sus propietarios ─desde empresas a familias─ no quieren alquilar para evitarse problemas.

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