FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | A babor | Ocho millones | Francisco Pomares

El Consejo de Ministros aprobó finalmente ayer el real decreto que regula la concesión de ayudas para paliar el sobrecoste del agua destinada a los cultivos en Canarias, tal y como había anunciado dos días antes -y por tercera vez- Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios.

Dicen que a la tercera va la vencida, pero a veces las cosas llegan cuando ya es demasiado tarde. Los agricultores habían anunciado su intención de manifestarse con sus tractores y animales en las calles de Canarias el próximo 5 de abril si antes de esa fecha el Gobierno Sánchez no transfería los ocho millones prometidos. No se trata de un regalo: la partida formaba parte de los presupuestos del Estado de 2018, pero no llegó a ser transferida a Canarias cuando tocaba, a pesar de las protestas. La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ahora candidata del PSOE al Congreso por Las Palmas, acompañada del secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, y de otros cargos socialistas, se reunió a finales del pasado año con los agricultores en las dependencias de la Delegación del Gobierno, y les garantizó que las ayudas llegarían en los primeros días del año.

No ocurrió así, por supuesto. Probablemente porque el Gobierno de Sánchez ha borrado el nombre de Canarias de su lista de prioridades regionales. No estamos hablando de una ayuda incorporada a los presupuestos de 2019, sino de la que debería haberse transferido con cargo al ejercicio de 2018, y no puede argüirse, como se hace desde el PSOE, que el retraso es consecuencia de la inaprobación de los presupuestos, o que el problema es del Gobierno regional, que no tramita a tiempo las subvenciones solicitadas por los agricultores.

En realidad, todo este embrollo no es muy distinto al que se produjo cuando el ministro Ábalos dijo que las subvenciones al transporte se retrasarían hasta 2019 (para aprobarlas inmediatamente después, en pleno verano, tras una bronca monumental en Canarias), o a los retrasos en los convenios, o a la negativa a transferir recursos presupuestados o a cumplir con el REF y el Estatuto. Podría interpretarse que estas torpezas son consecuencia de la nula capacidad de presión del PSOE canario ante su propio partido. De hecho, mientras todas las organizaciones del campo canario se ponían de acuerdo en la petición de que se cumplan los acuerdos y pedían unidad de acción a las fuerzas políticas de Canarias, el PSOE se descolgaba, impidiendo esta semana una declaración institucional del Parlamento para solicitar el pago de los fondos para el agua.

Las asociaciones agrarias y las fuerzas políticas censuraron esa indefinición y ahora, la decisión del Consejo de Ministros no parece haber serenado los ánimos: los agricultores no se conforman con la aprobación de la transferencia, quieren ver los dineros en Canarias. Y si no llegan antes del 5 de abril, mantendrán sus movilizaciones. ¿Había realmente que esperar hasta que la protesta se encanallara?

Lo curioso es que este ha sido uno de los asuntos más activamente reclamados por Ángel Víctor Torres, al que en su propio partido se encuadra, junto a otros líderes del Noroeste grancanario, como integrante del socialismo agrario. Su protagonismo en la reclamación de las ayudas para compensar el coste del agua, vitales para el campo, había sido constante. Hasta que -hace unas semanas- pareció desfondarse.

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