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CONSUMO | La Junta Arbitral de Consumo de Canarias, acreditada como entidad de resolución alternativa de litigios

EBFNoticias | La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrita a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, ha sido acreditada como entidad de resolución alternativa de litigios, de acuerdo con la normativa española y europea. Esta medida permite la inclusión de la junta canaria en el listado nacional de entidades acreditadas por la Dirección General de Consumo del Gobierno de España. Esta acreditación supone que la Junta Arbitral de Consumo de Canarias queda legitimada para la tramitación de procedimientos con resultado vinculante.

El Sistema Arbitral de Consumo es el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, en los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales, en relación con los derechos legales o contractuales reconocidos al consumidor.

El acceso al sistema arbitral de consumo es gratuito para ambas partes.

En la resolución emitida por la Dirección General de Consumo del Gobierno de España en la que se acredita al órgano canario, se menciona la aceptación del listado específico de los árbitros que componen la Junta Arbitral de Canarias, su formación y experiencia, quedando constancia igualmente de los árbitros acreditados a propuesta de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las organizaciones empresariales y profesionales.

En cualquier caso, se indica que “no podrán ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos relativos a intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en los que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos”.

Asimismo, se señala que podrían inadmitirse reclamaciones en los siguientes casos:

  • Si el consumidor no se hubiera puesto previamente en contacto con el empresario para tratar de resolver el asunto,
  • si la reclamación resultara manifiestamente infundada o no se apreciara afectación de los derechos y legítimos intereses del consumidor,
  • si el contenido de la reclamación fuera vejatorio, si el litigio hubiera sido resuelto o planteado ante otra entidad acreditada o ante un órgano jurisdiccional,
  • si el consumidor presentara ante la entidad de resolución alternativa la reclamación transcurrido más de un año desde la interposición de la misma ante el empresario.

La adhesión por los empresarios al sistema arbitral de Consumo (SAC), supone el compromiso de atender las quejas o reclamaciones de los clientes a través del arbitraje de consumo. Los empresarios, comerciantes y profesionales que formalizan esta oferta ofrecen a sus clientes una garantía añadida a la calidad de sus productos o servicios; esta garantía añadida consiste en atender con rapidez y eficacia los problemas que puedan surgir en la relación de consumo.

Es gratuita para las empresas, comercios y profesionales y conlleva que la Junta Arbitral de Consumo de Canarias conceda un Distintivo Oficial que las empresas pueden colocar en sus establecimientos, como un elemento más a valorar por los consumidores a la hora de elegir dónde adquirir productos.

La oferta pública de adhesión supone la inclusión del empresario, comerciante o profesional en un censo oficial de empresas adheridas que gestiona el Instituto Nacional de Consumo. Este registro es público, y, cada vez más, es requerido por los consumidores para saber qué empresas atienden las quejas o reclamaciones de los clientes a través del Sistema Arbitral, con la agilidad, rapidez y facilidad que le caracteriza.

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