No sé exactamente cuánto cuesta organizar un pleno parlamentario, cuánto se gasta en dietas, viajes, hoteles? Pero lo cierto es que el pleno del Parlamento de ayer nos lo podíamos muy bien haber ahorrado. Fue forzado por la oposición para que Clavijo compareciera ante la Cámara a explicar de nuevo su participación en el ‘caso Grúas’, después de haberlo hecho a petición propia en el mes de septiembre. Lo cierto es que no había novedad destacable, más allá de las presiones a jueces y fiscales que vienen acompañando el caso desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y hubo cambios en la Fiscalía General del Estado.
Es tanto el interés despertado por un asunto a mi entender de escasa enjundia penal, que ayer se supo que a la fiscal Carmen Armendral la sacan del caso para sustituirla urgentemente por la fiscal Farnés, y que muy probablemente en la fiscalía del TSJC desembarque en los próximos días Luis del Río. La vieja guardia de López Aguilar aterriza precipitadamente en un caso, que ahora -como bien recordaba ayer la jueza de La Laguna- está en el Supremo, pendiente de decisión sobre el recurso de casación presentado por los abogados de Clavijo.
El interés de controlar la Fiscalía parece cada vez más evidente: a Armendral la sustituyen por Farnés sin que toque, antes de que sean las elecciones, y al fiscal Garrido, que pidió renovar en su puesto de fiscal jefe del TSJC, lo quieren cambiar por Del Río, aunque Garrido está moviendo cielos y tierra para seguir. Hacía tiempo que no se veían tanto manoseo político en los nombramientos.
Pero no sólo ocurre en la Fiscalía: por la mañana, nada más empezar el pleno extraordinario, una información adelantada por ‘La Provincia’, venía a decir que Clavijo podría retrasar su declaración más allá del viernes 15 de marzo. La información provocó la airada reacción parlamentaria y en redes de Noemí Santana y Román Rodríguez, que la calificaron de «bulo de la acorazada mediática». Ocurrió tras un guasap de Antonio de La Gándara en el chat de periodistas judiciales, en el que el responsable de Prensa del TSJC aseguraba que la jueza Celia Blanco le había desmentido personalmente ese extremo.
Pero algo debió pasar, porque luego resultó que de bulo nada: poco más tarde, la jueza Blanco, responsable del caso en el número 7 de La Laguna, emitía un auto de inusual dureza, en el que manifestaba su sorpresa por no haber sido informada en ningún momento por el TSJC del recurso presentado por Clavijo ante el Supremo, y anunciaba -para evitar una posible nulidad de procedimiento- su decisión de suspender la comparecencia de Clavijo en su juzgado hasta que se produzca la resolución del a Alto Tribunal. De paso, decidía también desimputar al presidente.
La fulminante decisión de la jueza provocó ayer pasmo y terremoto, e hizo perder los nervios a alguno. Los mismos que habían montado un costosísimo culebrón parlamentario de dignidad legal, pidiendo por la mañana respeto a la independencia judicial, se descolgaron por la tarde con todo tipo de amenazas e improperios. El concejal Rubén Ascanio, uno de los inductores iniciales del ‘caso Grúas’, fue de los más agresivos: calificó el auto de la jueza de «inexplicable», llegando a insinuar connivencia entre la jueza y los abogados de Clavijo, y anunció proféticamente que el Supremo hará «que en cuestión de pocas semanas el caso vuelva a La Laguna». El hombre es muy libre de opinar: las actuaciones judiciales deben ser acatadas, pero pueden ser censuradas y criticadas. Lo que no se entiende es esto de criticar por la tarde en nota de prensa la misma independencia que por la mañana en el Parlamento se considera sagrada.
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