FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Tarjeta Social Universal | Salvador García Llanos

¿Qué es la Tarjeta Social Universal (TSU)? Pues se trata de un sistema de información y servicios que sirve para conocer en tiempo real las prestaciones que recibe cada usuario. Los municipalistas y responsables locales de asuntos sociales tendrán que seguir de seguir de cerca su funcionamiento después de que fuera presentado el pasado mes de diciembre en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por su presidente, Abel Caballero, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.
Caballero llegó a decir que se trata de un “instrumento conciliador de los derechos ciudadanos”, lo que nos da idea del relieve que concede a una iniciativa que se engloba en el compromiso que, al menos teóricamente, asumen las corporaciones locales en defensa de los derechos de los más desfavorecidos. “Lo hacemos sin tener competencias y vamos a seguir haciéndolo”, dijo el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo.
Octavio Granado no quiso andar a la zaga, tras ponderar la Tarjeta como una herramienta de comunicación de primer nivel que, en sí misma, es “una enorme oportunidad” que permitirá que todas las personas conozcan mejor sus derechos y puedan reclamarlos. El secretario de Estado valoró el alcance de la TSU al anticipar que “va más allá del registro de prestaciones públicas”. Pero no es un elemento de control, hay que precisar. Por eso, la Tarjeta ha de funcionar como un instrumento “rápido y eficaz para conocer las prestaciones sociales que ofrecen las tres administraciones”. Por lo tanto, la utilidad debe venir marcada para que los poseedores encuentren respuestas ágiles en aquellas demandas que han de formular no solo ante su ayuntamiento sino también ante la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado.
Es de esperar que el uso de la TSU sirva, especialmente entre las personas más vulnerables, para acabar con dudas competenciales y demoras administrativas. Y que no haya interferencias sino todo lo contrario entre las instituciones. Si hablamos de defensa de derechos, hay que saber cómo moverse. La Tarjeta, en ese sentido, tiene que ser hasta un termómetro para medir la agilidad y la eficacia de las prestaciones. ¿Estarán los ayuntamientos preparados para que fluya la información y para que la máquina administrativa no se bloquee o sufra los males crónicos tan reprobados desde hace años por los ciudadanos que directamente lo padecen? De eso se trata, partiendo del principio básico de la cobertura tanto de la estructura municipal como de la Seguridad Social en todo el territorio del Estado.
La medida aparece en los meses finales del mandato municipal. Ya se verá si es el mejor momento y qué impacto produce. En cualquier caso, se necesitará un tiempo tanto para implantar como para contrastar su aplicación. Desde luego, los servicios sociales municipales tienen trabajo. Siempre pendientes de más recursos y de más competencias, habrán de ofrecer con la TSU una respuesta más diligente. Si sirve para aligerar burocracia, bienvenida.

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