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A babor | Recuperar el servicio de Agua | Francisco Pomares

Patricia Hernández, ya ejerciendo como candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, se descolgó ayer reclamando que el servicio municipal de Aguas deje de ser prestado por una concesionaria, y vuelva a ser gestionado públicamente. Según dijo, las cosas funcionaban mejor antes de que el servicio fuera privatizado?

Lo cierto es que comparto con ella esa idea: la privatización de muchos servicios municipales probablemente ha abaratado los costes que esos servicios suponen a la ciudadanía, pero han repercutido en una peor calidad, y en el incumplimiento manifiesto de las condiciones establecidas en los pliegos de concesión, especialmente en lo que a inversiones se refiere. En ese sentido, el caso de Emmasa, que nunca cumplió con los acuerdos sobre nuevas instalaciones y obras de mantenimiento suscritos con el Ayuntamiento, es emblemático. Probablemente, en un par de años también lo sea lo que ocurra con el servicio de recogida de basuras, tras la oferta temeraria realizada por Valoriza. Sinceramente, parece poco probable que la empresa licitadora pueda cumplir con los objetivos de calidad descritos en la plica, siendo la que aporta menos personal adscrito al servicio. La desaparición de la baja temeraria de los procedimientos de adjudicación está produciendo en muchos lugares situaciones absurdas, en las que la administración acaba adjudicando, a sabiendas de que el adjudicatario no podrá cumplir con las condiciones del encargo realizado, porque ha pujado por debajo del coste real.

La «privatización» de los servicios municipales fue una tendencia que arranca con los primeros ayuntamientos democráticos, y que impulsó el PSOE, con la idea de abaratar y modernizar esos servicios. También, y así ha sido reconocido en algunas sentencias, como mecanismo de financiación política. Algunas empresas crecieron de forma extraordinaria en los años 80 gracias a los beneficios de explotar servicios municipales como el agua, la recogida y tratamiento de basuras y otras actividades similares. La creación en esos años de empresas dedicadas al trapicheo de contratos de servicios con la administración, o la llegada a España de las grandes multinacionales europeas (sobre todo francesas) dedicadas a esas actividades, dio lugar a una enorme presión para la privatización -vía concesiones administrativas de larga duración- de algunos servicios fundamentales.

La posición de Patricia Hernández me parece respetable, si va en serio y no es otra de esas declaraciones sin voluntad de materializarse que hoy caracterizan el discurso político. Por eso, conviene saber si doña Patricia habla solo por ella misma, o si el PSOE está por fin comenzando a reconsiderar la que ha sido su práctica habitual durante tantos años? Años en los que ayuntamientos de toda España, y de Canarias, gobernados por los socialistas, mantienen en manos privadas la gestión de servicios municipales clave. Arona y Adeje, en Tenerife, por ejemplo, son dos importantes municipios socialistas con el agua ‘privatizada’. ¿Plantea el PSOE cambiar ese modelo, o solo va a pedirlo cuando esté en campaña desde la oposición? Sería bueno que los alcaldes Rodríguez Fraga y Mena nos lo aclararan.

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