Estaba entre las prioridades del discurso que sustanció la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy: derogar, al menos parcialmente, la Ley de Seguridad Ciudadana, también identificada como Ley mordaza. Van pasando los meses y el propósito sigue siendo eso, una formulación que, dadas las circunstancias políticas, tendrá que esperar. Hay que proveer mucho y bien para afrontarla, especialmente desde el punto de vista parlamentario. La fragilidad actual del partido gubernamental, como se ha comprobado, no aconseja abrir otra lata so pena de agravar la situación intramuros, pues ya se ve lo fácil y cómodo que resulta agitar algunos espantajos. Cuestión de oportunidad, pues.
La Ley, recordemos, fue severamente criticada al ser interpretada, en muchos aspectos, como un retroceso de las libertades públicas. Hasta cuarenta y cuatro conductas delictivas se consignan en la norma. Reprender antiguas faltas con sanciones más severas y sin sumisión al previo control judicial era elevar el listón autoritario en un espacio democrático donde es muy fácil traspasar las líneas que separan los derechos de manifestación y huelga, máxime cuando hay especialistas que, sin mayor rubor, se encargan de revolver con finalidades muy claras de algarada, desorden, tumulto y represión.
El caso es que Canarias es la tercera comunidad autónoma, después de Andalucía y Valencia, donde más sanciones se imponen consecuencia de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Así se desprende del contenido de un informe del Ministerio del Interior que desmenuza muy bien Miguel Ángel Montero en La Opinión de Tenerife. Desde la entrada en vigor, en julio de 2015, hay notificadas en las islas casi cincuenta mil multas, una tendencia creciente que se refleja también en el importe de las sanciones, un 60 % más de 2017 a 2016, al pasar de 7,3 a 11,7 millones de euros. Canarias, junto a Andalucía y Valencia, superan los diez millones de euros de recaudación en un año. Con esos registros sobre la mesa, se calcula que los canarios abonan diariamente, por este concepto de aplicación de la Ley mordaza, treinta y dos mil euros. Por provincias, en 2017, Las Palmas contabilizó catorce mil dos notificaciones de sanción por cinco mil novecientos noventa y nueve de Santa Cruz de Tenerife. En el mismo orden, en cuanto a recaudación se refiere, 8,4 y 3,3 millones de euros.
Tres hechos que llaman la atención en el relato de Montero: más de quince mil multas impuestas en el Archipiélago por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en calles o espacios públicos; las cursadas (hasta setecientas doce) por tenencia o uso de armas o explosivos y un caso, en la provincia de Las Palmas, por utilización indebida o no autorizada de uniforme de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.
Canarias, en fin, territorio donde esta normativa que regula la seguridad ciudadana destaca por cifras preocupantes en el ámbito de su aplicación. Veremos cuál es la suerte de la Ley.
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