FIRMAS Salvador García

Auditoria | Salvador García Llanos

Atención a un Real Decreto que entró en vigor el pasado 1 de julio. Atención porque “afecta a la totalidad del sector público local y pretende asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de las entidades”, según se consigna en la exposición de motivos.
Atención alcaldes, concejales de Hacienda, gobiernos locales, componentes de consejos de administración, gerentes y demás afectados porque esta norma incide en las cuentas: durante tres años, a partir del próximo 2019, el interventor de fondos tendrá que asegurar, “con medios propios o externos”, el control efectivo de los presupuestos generales de las entidades locales.
Sabido es que muchos ayuntamientos no presentan sus cuentas con regularidad. El dato de un treinta y nueve por ciento, de las relativas a 2016, que todavía no atendido esa exigencia, constata ese incumplimiento. Luego, la normativa viene, teóricamente, a mejorar un estado de cosas poco favorable a la transparencia y a la administración más apropiada de los recursos públicos.
Sobre el papel, podría decirse una frase coloquial: no escapa nadie. Esto es, los interventores y habilitados habrán de aplicar la norma sobre los consorcios, los organismos autónomos, las sociedades y empresas públicas, las fundaciones y asociaciones con capital público municipal y las entidades públicas empresariales. Se trata, pues, de auditar a estructuras administrativas dependientes de los ayuntamientos españoles, casi tres mil cuatrocientas, según fuentes del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).
Si se cumple al pie de la letra -ya veremos luego en la práctica cómo evoluciona la contabilidad-, puede que estemos ante un salto significativo para intentar cuadrar y equilibrar el sector público local. O igual nos encontraremos con unas “auditorías de infarto”, frase que acuñó el ex presidente del Gobierno, Felipe González, cuando se proponía acceder al poder.
Pero, bueno, lo importante es que los cargos públicos responsables van a tener en los interventores de fondos un soporte fundamental. Porque estará a su cargo la fiscalización financiera no solo antes de que los presupuestos sean aprobados y entren en vigor sino durante su ejecución y la fase posterior. El Real Decreto, en previsión de que los recursos municipales no sean suficientes, deja las puertas abiertas a la participación de firmas privadas de auditoría, por espacio de dos años que se puede prorrogar hasta un máximo de ocho. Los expertos señalan que el papel de las firmas se ciñe al de colaborar con el departamento de intervención pues para eso la disposición explicita el marco normativo de modo que los titulares del mismo aseguren el control interno.
El gran objetivo es garantizar el control efectivo del cien por cien de los presupuestos generales consolidados del ejercicio en dos modalidades: una, en la función interventora; y la otra, el ochenta por ciento, al menos, mediante la aplicación de la modalidad de control financiero. La norma señala que para este control, “en el transcurso de tres ejercicios consecutivos y con base en un análisis previo de riesgo, deberá haber alcanzado el cien por cien del presupuesto general consolidado”.
Es evidente, por otro lado, que surge una gran oportunidad para los auditores de cuentas o para las empresas especializadas. Cierto que habrán de afrontar procesos intensos de formación de personal, ajustados a las características del sector público, pero es una opción de acceso al mercado laboral y hasta una cualificación para quienes ya ejercen.
En fin, una oportunidad, una norma y un funcionamiento más riguroso de la administración pública. Auditorías: ahí se les quiere ver.

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