FIRMAS Salvador García

Oscurantismo, obstruccionismo… ¡Qué mas da! | Salvador García Llanos

Se fueron los concejales de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) a ver al Diputado del Común, a presentarle sus quejas por el irrespeto con que le obsequia el gobierno local del Puerto de la Cruz (PP+CC) al negarle sistemáticamente el acceso los expedientes administrativos que se tramitan en el Ayuntamiento; y a solicitarle el amparo correspondiente, a ver si así pueden desempeñar -se supone que con más solidez y rigor- el papel de oposición y fiscalización.
Si, como dicen los ediles de ACP, son unas veinte peticiones las que han formulado a lo largo del mandato y no han sido atendidas o lo han sido con notable retraso, pues no es de extrañar que el Ayuntamiento portuense no haya superado los exámenes de transparencia del Comisionado canario y haya quedado entre los últimos de la isla, como ya comentamos en su momento. A los partidos que integran el gobierno municipal se ve que estos temas le traen sin cuidado. Es más, hasta es probable que si alguien pregunta a alguno de los integrantes por esta cuestión, la despachará con una respuesta no menos insufrible: exceso de tareas, personal insuficiente, hay otras prioridades… En fin, se trata de acentuar el aislamiento, de desanimar y hacer más penosa la travesía del desierto.
A estas alturas, creíamos que estos asuntos estaban bastante superados, o lo que es igual, ya es un anacronismo el comportamiento obstruccionista y oscurantista. Con normas que son bastante explícitas (la Ley de Municipios de Canarias, sin ir más lejos) y que si están ahí es para ser respetadas y cumplidas, cuesta aceptar que un miembro de la corporación no pueda ver o examinar un expediente que se tramita y que si no cuenta con una excepción muy singular, debe estar accesible, principalmente para el trabajo en comisiones, órganos y pleno. En efecto, si no recordamos en el articulado de esa Ley se establece un plazo máximo de cinco días para que las peticiones de información sean atendidas.
Ya razonamos de la misma manera (se cumplirán ahora tres años de aquella entrada) en un caso donde rizaron el rizo: en el Ayuntamiento de Tazacorte (La Palma), el Grupo Popular, en la oposición, denunciaba que el alcalde, de Unión Bagañeta (UB), apoyado por Coalición Canaria (CC), impidiera que los concejales de la formación conservadora formulasen preguntas en el pleno. Insólito, ¿verdad? Que todavía haya modales y decisiones que claramente frenan los derechos democráticos y el ejercicio de la acción política en una corporación local, parece increíble. ¿De qué habrán servido todos los avances legislativos? ¿Y por qué no se tienen en cuenta tantas sentencias judiciales en las que se salvaguarda la participación política? ¿Para eso se ha insistido tanto en la transparencia?
Estas prácticas, desde luego, no son nada democráticas y resultan inadmisibles por razones que es innecesario detallar. No habla a favor de los gobernantes que incurren en ellas, acaso escudándose en que infringir la norma no va a tener consecuencias posteriores pues difícilmente pleitearán los perjudicados. Todo lo más: acudirán al Diputado del Común a ver si éste, con el procedimiento administrativo preceptivo, les pone la cara colorada y les declara públicamente su probado obstruccionismo.
Queda en evidencia, claro, la posible vulneración de los derechos de participación política y hasta el libre ejercicio del cargo público que legítimamente ostentan. No extraña que los ediles de ACP, por tanto, hablen de abuso.

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