FIRMAS Salvador García

Gobierno abierto | Salvador García Llanos

Analizamos la pasada semana aspectos sobresalientes del Informe del Comisionado de Transparencia de Canarias ceñido a los ayuntamientos de las dos islas capitalinas. Sus contenidos, pese a los avances y los ángulos positivos, no parecen haber despertado demasiado entusiasmo. Que no se lo tomen en plan triunfalista quienes superaron la evaluación, vale; pero que allí donde se hayan registrado suspensos, incumplimientos y deficiencias, los grupos de oposición no hayan sabido o querido argumentar para exigir más sensibilidad y mayor identificación con un factor esencial en el funcionamiento en nuestros días de las instituciones, es preocupante y hasta deprimente. A la larga, ser más transparentes será una señal de salud democrática y no lo duden: los electores sabrán valorarlo.
Toca ahora referirse a otro concepto que, en vías de desarrollo y conectado con la transparencia, parece orientado a cualificar la gestión de las administraciones y la participación activa de los agentes sociales en asuntos que sí son de su interés: el Gobierno Abierto. Veamos cómo lo definen distintos autores para entender de qué se trata.
Para el asesor de comunicación, consultor político y profesor en varias universidades, Antoni Gutiérrez Rubí, “se trata de una nueva cultura de la comunicación, un nuevo modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los perímetros de la función pública. No hablamos solo de tecnología, sino de una tecnología social y relacional que impulsa y estimula una cultura de cambio en la concepción, gestión y prestación del servicio público.»
El profesor e investigador chileno, doctor en Ciencias Políticas, Álvaro Ramírez Alujas valora que “el Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de la burocracias estatales.”
Y, por último, Don Tapscott, considerado una autoridad mundial en materia de innovación, medios de comunicación y el impacto de la tecnología en el mundo económico y social, señala que “es un Gobierno que abre sus puertas al mundo, co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red”.
Partiendo de estas apreciaciones, se acepta que el Gobierno Abierto se asienta en tres principios básicos: la transparencia, la colaboración y la participación. El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a ellos en el Memorando que decretó en enero de 2009. Los dos vectores comunes son la denominada ‘Apertura de datos públicos’ (Open Data), consistente en la publicación de información del sector público en formatos que permitan su reutilización por terceros para la generación de nuevo valor, de modo que se convierte en el insumo para la innovación; y la ‘Apertura de procesos y el uso de redes sociales y plataformas de participación ciudadana’ (Open Action) que está ideada con la finalidad de facilitar la participación de la ciudadanía no solo en las decisiones del Gobierno sino en la formulación y ejecución de políticas públicas.
En España son contados los casos de gobierno abierto en el ámbito de las comunidades autónomas y del municipalismo. Habría que impulsarlo en el próximo mandato pero para ello es primordial la voluntad política. Dependerá, pues, de los partidos políticos. Dependerá del interés que tengan en mejorar los niveles de transparencia y hasta en encontrar antídotos para la corrupción. Y que serviría para fomentar la participación pública en las decisiones de gobierno, seguro. Y si lo que se pretende es palpar de verdad la eficacia de la administración pública, desde luego que sería un pilar muy sólido.
Pero, primero eso: voluntad política.

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