La ponencia del Parlamento que estudia la reforma del sistema electoral concluyó sus encuentros sin lograr alcanzar un acuerdo, forzando de esa manera que sea el Congreso de los Diputados la última opción para una posible reforma del modelo electoral canario. No existiendo acuerdo en torno a la lista regional, el próximo lunes volverá a reunirse la Comisión de Reforma del Sistema Electoral para presentar su dictamen, basado en la incorporación de la lista regional que defienden PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias, pero impiden los votos de bloqueo de Coalición y los socialistas gomeros.
A estas alturas, la posición de Coalición y los de Curbelo no es una sorpresa, pero sí una decepción: la propuesta de lista regional -sin satisfacer a quienes creemos que debería incorporar mayor número de diputados para resultar más representativa- supone un primer paso en la dirección correcta, después de un montón de años. Canarias es ya una realidad que supera la suma de las islas, hoy no es imprescindible -como lo fue para arrancar- un sistema como la triple paridad, construido artificialmente a base de compromisos que implicaban la igualdad de representación entre islas menores y mayores, de ambas provincias entre sí y -sobre todo- entre las islas mayores y menores de cada provincia, que es donde se producía mayor desconfianza. Para consolidar esos compromisos, en la redacción de la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía de 1982, se hicieron grandes concesiones; la mayor la hicieron entonces los palmeros y gomeros: La Palma -con un censo de 56.985 electores- aceptó el mismo número de diputados que Lanzarote -con un censo de 30.045-, y La Gomera -con un censo de 18.173 electores- aceptó tres diputados menos que Fuerteventura -con un censo de 16.070-. También Tenerife, con 15.000 electores más que Gran Canaria, aceptó el mismo número de diputados. A pesar de sus evidentes disfunciones representativas, el sistema de equilibrios funcionó razonablemente bien durante muchos años, hasta que Coalición -con escasa representación en Gran Canaria- logró implantarse en el resto de las Islas. Desde entonces, comenzó a prosperar la idea de que era el sistema electoral -el mismo que había permitido al PSOE y al PP ganar elecciones y no gobernar, y al CDS gobernar sin ganarlas- el que define desde hace 25 años que el poder en Canarias quede siempre en manos de Coalición. Eso es objetivamente incierto: Coalición ha gobernado ininterrumpidamente -y lo hace ahora con tan solo 18 diputados-, gracias a la incapacidad de PSOE y PP -que han ganado elecciones con estas normas electorales-, para gobernar juntos. Pero sí es cierto que la solución razonable a la desconfianza -fundamentalmente grancanaria- hacia la triple paridad habría sido un sistema alternativo donde la circunscripción regional pesara más que todas las insulares o al menos tanto como ellas. Claro que eso no lo defiende hoy ninguno de los partidos canarios. Al final, la mínima oferta de nueve diputados por lista regional tampoco ha prosperado, y es probable que no llegue a hacerlo en el Congreso, por mucho que aquí se venda que eso es lo que va a ocurrir. Es una pena: solo nueve diputados para la lista regional no resolvería el problema de la representación, pero es bastante mejor que no hacer nada, y permitiría avanzar en dirección a una lista regional más amplia.
Canarias pierde otra oportunidad de reformar un sistema que en estos momentos es considerado por miles de votantes injusto e ilegal. Aunque no lo sea, como confirmó en 2001 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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