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Tras el escándalo curricular del máster de la señora Cifuentes, que en Canarias tuvo su derivada con la cuestión del máster inconcluso y la falsa atribución de palmeridad por nacimiento de Asier Antona, la junta de portavoces del Parlamento de Canarias acordó el lunes pasado no hacer nada. Muy en la línea.

Se atribuye a Napoleón aquello de «si quieres que algo sea hecho, entonces nombra un responsable, pero si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión», y lo que han decidido hacer los portavoces canarios para afrontar el asunto de la credibilidad de los currículos ha sido ir un poco más allá de lo que proponía Napoleón: han decidido dejar para después del verano la decisión de crear una comisión que estudie cómo regular la presentación de currículos, evitando falsedades y camelos.

En realidad, estamos ante un debate más falso que los propios currículos. Para ser diputado no se exige tener ningún estudio ni capacitación demostrada. Para ser elegido, basta con estar empadronado y no incurrir en ninguna causa de inelegibilidad. Perfectamente puede ser diputado un analfabeto, o alguien sin ningún tipo de estudios. Los cargos electos no tienen por qué presentar un currículo, ni hay ley que establezca que deben hacerlo. De momento, lo único que deben presentar por ley es su declaración de bienes, que tampoco certifica ni controla nadie, ni falta que hace. La declaración de bienes es un documento público, y si alguien falsea los datos de su declaración -cosa que objetivamente hacen parte de sus señorías- es probable que cometa un delito y pueda ser denunciado por ello. La presentación de la declaración de bienes debería suplirse -a mi juicio- por la de las declaraciones de renta y patrimonio, si las hubiera. Las declaraciones de Hacienda son documentos normalizados, y sometidos a inspección. Saber que la diputada Patricia Hernández, por ejemplo, tiene un piso en Madrid y otro en Tenerife, o de qué marca es el coche de José Miguel Ruano y cuántos años hace que lo tiene, o cuántos cuartos tiene ahorrados Noemí Santana puede resultar interesante, pero solo distrae: lo importante es determinar si durante el mandato de un cargo público se produce un aumento inexplicable de ingresos o patrimonio. Declaración de la renta y de patrimonio presentada en el registro, cada vez que se entrega a Hacienda. Eso es transparencia, lo otro es morbo.

En cuanto a presentar el currículo, yo lo veo innecesario. Pero (Doctores tiene la Iglesia), si se decide que debe presentarse, bastaría establecer un sistema normalizado de declaración, en formato de documento público. Quien lo falsee se expondría a las penas que suponen falsear documento público.

El nuestro es el país de la picaresca y la trampa, la patria del Lazarillo, pero también es el país de la presunción. Aquí vivimos aún instalados en la titulitis, el medallismo, y el afán de aplauso y reconocimiento. Los políticos que falsean un título no lo hacen por necesidad (no se lo pide nadie), sino porque son unos presumidos que gustan de adornarse con plumas de las que carecen. Están tan acostumbrados a mentirse entre ellos y a mentirnos a nosotros impunemente, que al final creen que nadie va a pillarles nunca.

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