FIRMAS Francisco Pomares

A babor | Más descuento | Francisco Pomares

Al final, la propuesta de subir el descuento a residentes en los vuelos entre la Península y Canarias no fue incorporada al presupuesto hecho público el martes por el ministro Montoro. El Gobierno ha decidido dejar colgado el aumento del descuento, como baza negociadora con los nacionalistas canarios, si finalmente el PNV no bloquea la aprobación de los presupuestos. Tampoco el que se hubiera incorporado a los presupuestos antes de presentarlos habría supuesto garantía de nada, porque si algo está claro en relación con estos presupuestos de 2018 es que el Gobierno solo contará con los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlo adelante si se constituye finalmente el Gobierno en Cataluña y se suspende la aplicación del 155. Esa es la condición que ha puesto el PNV para apoyar las cuentas de Rajoy, y mi impresión es que de ahí no se van a bajar.

En cualquier caso, esté el descuento o no en los presupuestos, los dirigentes del PP en Canarias no dejan de decir que si hay acuerdo sobre los presupuestos el asunto será incorporado. Lo cierto es que -después del aumento de un millón de viajeros en las rutas interinsulares, que ha provocado el aumento de las subvenciones a la residencia en los trayectos locales- nadie discute que se trata de una medida que favorece los intereses de los ciudadanos isleños y que beneficiará a miles de personas que se desplazan entre Canarias y el continente.

El problema reside en que lo que no está nada claro es que la medida resulte conveniente si previamente no se producen algunos cambios en el sistema actual. La compañía Binter -que no opera aún vuelos en esas rutas- propuso en el Parlamento de Canarias que el aumento de la bonificación se produzca acompañado de la fijación de un importe máximo de la cantidad que aporte Fomento por cada pasajero, para así evitar que las compañías suban los precios, rentabilizando ellas la subvención sin que esta produzca ahorros significativos a sus clientes. Además, el encarecimiento de las tarifas supondría otro perjuicio indirecto para Canarias, al encarecer los billetes de los no residentes y con ello el coste del paquete turístico a las Islas.

Por otro lado, a estas alturas es más que obvio que la Comisión Europea no permitirá la declaración de obligación de servicio público de las rutas entre Canarias y la Península, una clasificación que sí existe en los vuelos interinsulares y que obliga a fijar un precio de referencia (un precio máximo) en los billetes interinsulares. Esa existencia de un precio máximo es la clave que ha permitido que la subida de la subvención llegue realmente a los usuarios. Pero el Gobierno no puede fijar un precio máximo por decreto. Lo que sí puede hacer es decidir en qué condiciones subvenciona: por eso, mejor fórmula que fijar una cantidad máxima a aportar por Fomento, sería establecer un sistema para que las subvenciones solo puedan abonarse a los pasajeros de aquellas compañías que asuman voluntariamente la fijación de un precio máximo en todas sus tarifas para esas rutas. Ese sería el formato más idóneo para los usuarios, no colisionaría con la normativa europea y permitiría al Gobierno controlar de facto que las compañías no abusen aumentando precios. Es, además, un sistema que repercutiría a la baja en el precio final de todos los billetes. La pregunta es sencilla: si ese sistema es viable, entonces? ¿por qué no lo propone nadie?

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