Antonio Morales ha destapado de nuevo la guerra de cifras: la Consejería de Hacienda ha decidido poner las suyas en barbecho, y ha contestado a las denuncias de desequilibrio inversor asegurando que el Gobierno regional gastó en Gran Canaria 84 millones de euros más que en Tenerife entre 2001 y 2016 (31.574 millones en Gran Canaria frente a 31.490 en Tenerife). Es una cifra que -al decir de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila- demuestra que los distintos Gobiernos regionales han actuado movidos por una exquisita voluntad de equilibrio, con diferencias que apenas rondan el 2,4 % en los últimos años. Dávila asegura que las cifras de la Intervención de la comunidad autónoma descalifican el informe de la sociedad de promoción económica de Gran Canaria y rebaten con «datos oficiales» el informe de Morales que denuncia una diferencia (en materia de inversiones, no de gasto) de 321 millones a favor de Tenerife entre 2001 y 2018.
A la guerra de cifras y de papeles le siguen las declaraciones políticas: Dávila asegura que el informe del Cabildo grancanario «retuerce la realidad para acomodarla a sus intereses» y «tiene una clara intencionalidad política». Por supuesto que la tiene. Todo lo que vamos a escuchar en estos días tiene intencionalidad política. Y además es muy difícil saber dónde está la verdad: Morales habla de inversiones, Dávila de gasto, son magnitudes distintas, aunque en el fondo el debate sobre el desequilibrio tiene poco que ver con la realidad de gasto e inversiones en las dos islas capitalinas. Tiene mucho más que ver con la percepción, muy extendida en la sociedad grancanaria, de que el liderazgo político y económico de esa región está desde hace años en manos de Tenerife. Concretamente, desde que Paulino Rivero se convirtió en presidente del Gobierno regional, sucediendo al también tinerfeño Adán Martín y quebrando el viejo principio de alternancia política que había funcionado en las islas desde el inicio de la autonomía. Fue esa ruptura del consenso por la alternancia la que precipitó el cuestionamiento público de la triple paridad y rompió unas reglas del juego imperfectas, pero que habían permitido una cierta percepción de equilibrio y paridad entre las élites políticas y empresariales de Gran Canaria y Tenerife.
Lo cierto es que el viejo insularismo, inventado por Hermoso y utilizado para provocar un cambio de la inicial hegemonía grancanaria sobre el poder regional en los primeros años de la autonomía, ha dado paso ahora a un movimiento muy similar, articulado desde la izquierda nacionalista y en torno a Antonio Morales. Es cierto que lo que se está produciendo es una operación política, y de extraordinario calado. Pero eso no desacredita el hecho de que miles de grancanarios, empresarios, medios de comunicación, se sienten ninguneados por el desequilibrio efectivo que supone que la presidencia del Gobierno recaiga desde 2003 en un tinerfeño, y de que en el último año la participación grancanaria en los segundos y terceros niveles de la Administración regional, tradicionalmente vehiculada a través de partidos de ámbito regional como el PP y PSOE, que tienden a huir de comportamientos insularistas, sea sensiblemente inferior a la de Tenerife, y se materialice a través de consejeros independientes.
Personalmente, no creo que el desequilibrio inversor o en el gasto, si es que existe, sea demasiado importante. Cuadrar al céntimo los presupuestos no es solo imposible, sino que puede resultar incluso ridículo. Lo importante es proyectar a los ciudadanos de todas las islas la voluntad de gobernar por el conjunto de Canarias y con el concurso de todos los canarios. Un gobierno en minoría, sustentado en exclusiva por un partido -Coalición- con muy escasa presencia política en Gran Canaria, lo tiene francamente difícil para lograr ese objetivo. Sobre todo si alguien desde enfrente explota el sentimiento de agravio.
El problema es que el insularismo puede transformarse en un tigre desatado, que cabalga a lomos de la demagogia y el pleito. Eso fue lo que ocurrió en sus orígenes tinerfeños. Y ahora hay en Gran Canaria un exalcalde de Agüimes decidido a jugar al mismo juego, aún a costa de condenar a su partido, Nueva Canarias a no salir de su feudo insular.
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