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Préstamos para el fondo de reserva | Salvador García Llanos

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, popularmente identificado como ‘hucha de las pensiones’, se agota. Las cifras que se conocieron días pasados eran reveladoras: el Gobierno dispuso 7.792 millones de euros para abonar la paga extra de las pensiones de diciembre. De ellos, 3.586 millones fueron sacados de la hucha. Eso significa que solo restan en el Fondo 8.095 millones frente a los 66.815 millones que quedaron registrados en 2011. O sea, queda lo justo para pagar una mensualidad más.
 
Si hay informaciones inquietantes, esta, sin duda, es una de ellas. Aderezada, por cierto, con algunas otras especies que circulan por la red, como si se quisiera echar más pimienta al pote. El Gobierno, para tranquilizar al personal, dice que habrá que recurrir a los préstamos como fórmula para financiar estas obligaciones: se ve que lo de recomendar planes privados no cuajó. Se sabe que el Fondo de Reserva estaba adquiriendo deuda española con intereses negativos, o lo que es igual, está pagando para tener títulos del Tesoro español. Y es conocido también el anuncio del Gobierno de recurrir a emisiones de deuda para financiar el déficit de la Seguridad Social cuando la hucha se vacíe del todo, de manera que (el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, dixit) el sistema de pensiones está garantizado con el total de los ingresos públicos.
 
Ahora, la alternativa son los préstamos, los que concede el Gobierno a la Seguridad Social, previa consignación en los Presupuestos Generales del Estado. Es un préstamo (importe de 10.192 millones de euros) que no devenga intereses y ha de ser devuelto en un plazo de diez años a partir de 2018. Con la operación se garantiza el abono de las pensiones extra tanto de junio como de diciembre.
 
Naturalmente, las dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones se acentúan. Es el Estado el que tiene que pagar, pero cómo se garantizan los recursos del Estado. Los expertos y los reponsables de los partidos políticos tienen materia en la que afanarse. Y aunque la reducción de las necesidades de financiación de la Seguridad Social, según se ha sabido, es toda una esperanza, habría que aguardar a que se consolide un hecho fundamental: la subida de los ingresos. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en ese sentido, ha vaticinado que el presente ejercicio puede cerrarse con una recaudación récord.
 
Pero entre las previsiones, hay otra que preocupa sobremanera: al final de 2017, abonada la extra de las pensiones de diciembre, el agujero de las mismas representará, aproximadamente, la mitad de todo el déficit del Estado. Eso, por decirlo de alguna manera, es todo un reto presupuestario para el Gobierno. Se supone que no va a estar recurriendo a los préstamos permanentemente y que debe propiciar una solución estable y lo menos gravosa. Se trata, entonces, de concretar, con el máximo respaldo político, una reforma estructural en la, sí o sí, hay que incluir ingresos adicionales. Porque con los actuales, demostrado, no basta.

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