FIRMAS

Sin salida | Francisco Pomares

Hay quienes piensan que lo de Cataluña aún puede resolverse sin vencedores ni vencidos, tirando de una suerte de tercera vía intermedia entre quienes persiguen la independencia y quienes no la aceptan. Eso es rotundamente falso, no puede ocurrir. Se trata de dos posiciones irreconciliables. Cataluña ha intentado al menos en cinco ocasiones romper con España: la primera fue la guerra dels Segadors, un levantamiento contra el proyecto centralizador del Conde Duque de Olivares, valido de Felipe IV, que estalló violentamente en el «Corpus de Sangre» de 1640, con el asesinato de castellanos y funcionarios reales. La primera proclamación de la República catalana, en 1641, surgió de esa matanza y concluyó a los seis días entregando Cataluña a Francia, enfrentada a España en la Guerra de los Treinta Años. La broma acabó en 1659, cuando España y Francia sellaron la paz y Cataluña fue devuelta a la monarquía española, a cambio de quedarse Francia con el Rosellón, el Conflet, el Vallespir y parte de la Cerdeña. Setenta años después, en 1714, el 11 de septiembre -fecha en la que los catalanes celebran su Diada-, se produjo el fin del sitio de Barcelona y de la Guerra de Sucesión, que enfrentó al candidato francés y austriaco a la corona de España. La mayoría de los barceloneses de entonces fueron entonces partidarios del archiduque Carlos de Austria, vencido por los Borbones, pero nunca llegaron a proclamar la independencia. Hubo que esperar a las convulsiones de la Primera República para que se produjera una nueva proclamación, que duró apenas dos días y se saldó con la abolición del ejército en Cataluña y la dimisión del presidente de la República. En 1931, coincidiendo con la llegada de la Segunda República española, Macía, jefe de ERC, proclamó la República catalana, abortada por negociaciones entre Madrid y Cataluña que darían lugar a la Generalidad y al Estatuto de Nuria. Tres años después, en el 34, coincidiendo con el estallido de la revolución socialista de Asturias, con Macía fallecido, Companys proclamó el Estado catalán. Horas después, Lerroux decretó el estado de guerra, y la proclamación se saldó con 46 muertos. Se encarceló a Companys y su gobierno, se clausuró el Parlamento, se suspendió el Estatuto de Nuria y se destituyó a una multitud de alcaldes. Después de ser amnistiado por el Frente Popular, Companys sería fusilado por los franquistas en 1940.

Ninguna de las declaraciones de independencia en Cataluña ha sido jamás fruto de un acuerdo o de un consenso democrático. Siempre fueron realizadas por un sector de la clase dirigente catalana, y sin consultar a la población. Siempre acabaron mal.

Algún pánfilo cree que la solución es mejorar el autogobierno, darle más dinero a quienes mandan en Cataluña, reducir la solidaridad interregional. Pero eso no va a satisfacer a los secesionistas, ellos aspiran a romper, a irse, a levantar fronteras. Cualquier acuerdo con el Estado que no pase por romper sería una derrota para ellos. Por otro lado, permitir que se celebre un referéndum sobre la independencia -sin presuponer que los independentistas lograran ganarlo- implica cambiar la Constitución para permitir la secesión de una parte del país, y eso es poco probable que algún día lo acepten la mayoría de los españoles, que son quienes tienen que votar una reforma de la Constitución. Mal asunto, pues: ni los independentistas renunciarán a la independencia, ni quienes se sienten españoles -en Cataluña y fuera de ella- a impedir la secesión.

Aquí no ha cambiado nada desde que Ortega dijo que España y Cataluña tenían que aprender a «conllevarse». Parece que no sabemos hacerlo, y entonces lo único que nos queda es que prevalezca una posición. Por la fuerza o por las leyes. Yo prefiero estar con las leyes.

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