FIRMAS Francisco Pomares

A babor | Basura | Francisco Pomares

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El Feder -un fondo creado especialmente por la Unión Europea para atender problemas de desarrollo- destinará algo más de ocho millones de euros, de un total de once que se precisan, para llevar a cabo el cierre de diecisiete vertederos ilegales en Canarias. Los fondos llegan de Europa, pero la decisión de cerrar los vertederos también es europea: el Tribunal de Justicia de la Unión volvió a condenar a España este pasado mes de marzo por mantener en su territorio -especialmente en Castilla-La Mancha y Canarias- más de sesenta vertederos incontrolados que deben estar definitivamente clausurados y recuperado el territorio donde se encuentran antes de que finalice 2018. De los vertederos canarios pendientes de cerrar -cinco más que también se incluyen en la lista del tribunal de Justicia ya han sido sellados-, una gran parte lo son de residuos inertes -materiales de derribo y construcción-, que requieren un tratamiento más sencillo, y todos cuentan con proyecto de rehabilitación y recursos asignados para recuperar y reintegrar los espacios dañados por su uso como basurales.

Pero el problema de los residuos en Canarias no acaba ahí. La Unión Europea ha aprobado objetivos que establecen que sus Estados miembros deben reciclar al menos la mitad de sus residuos en 2020 y hasta un sesenta y cinco por ciento tan sólo diez años después. También establece 2030 como fecha para que no llegue a los vertederos legales más del diez por ciento de la basura que se produce. En Europa, el porcentaje de residuos que acaba en los vertederos es del 31 por ciento de media. España se sitúa en el 60 por ciento, y Canarias en más del 85 por ciento, y eso a pesar de que en España y Canarias se produce mucha menos basura que en los países de la Europa central. Pero el tratamiento que recibe la basura es muy distinto: en Alemania, por citar un caso avanzado, ya no existen vertederos, se recicla casi el 50 por ciento de la basura y algo menos del 20 por ciento, constituido por residuos orgánicos y vegetales, es tratado para convertirlo en compost. El resto se incinera, produciendo con su combustión energía que se utiliza en la calefacción de las ciudades.

Objetivos parecidos son los que debería marcarse España y Canarias. Porque resistirse al reciclado y tratamiento es absurdo. Es una actividad económica extraordinariamente rentable: la Comisión Europea cifra en 72.000 millones de euros el ahorro que supondría para Europa una gestión de los residuos en base a los objetivos previstos, y un aumento del negocio anual del sector de 42.000 millones de euros, que comportaría la creación directa de 400.000 puestos de trabajo.

España mantiene un atraso inexplicable en este sentido. Y el de Canarias es mayor aún, con sistemas de tratamiento de residuos que incorporan insensateces como el traslado de determinados desperdicios a Península, para su procesado, o la importación masiva de compost europeo para el abono de campos de golf y jardines. En una época de indefinición económica, la puesta en marcha de plantas de tratamiento de basuras y aguas y de reciclado de desechos es una alternativa a la industria tradicional de extraordinaria importancia. Y también un negocio de futuro.

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