FIRMAS Francisco Pomares

A babor | La apuesta audiovisual | Por Francisco Pomares

En los últimos meses no paran de publicarse noticias que aseguran que la economía canaria ha encontrado en la industria audiovisual un extraordinario empuje. Debería ser cierto: cada vez se filman más películas en las Islas, cada vez hay más sociedades canarias implicadas de una forma u otra en la producción, y cada vez son más los recursos que se mueven en el sector. Podría decirse que estamos ante una industria de éxito y en expansión, y que el mérito de eso es precisamente de las Administraciones canarias, que -desde que se pusieron en marcha los «film commision» locales- han ido creando mecanismos para hacer atractiva la inversión. Así, no es de extrañar que la constitución de empresas audiovisuales -incluyendo las vinculadas al mundo del audio- haya crecido en Canarias un 2,6 por ciento durante 2016, mientras en el conjunto del país se reducía un 1,6 por ciento.

Deberíamos felicitarnos. O quizá no tanto.

Porque luego nos encontramos con otros datos menos satisfactorios: una parte considerable de la industria audiovisual -algo más de seis de cada diez empresas- carece de asalariados. ¿Curioso? No necesariamente: en muchos casos son sociedades creadas para el autoempleo, sociedades que esconden un trabajo prácticamente autónomo, empresas cuya única riqueza es el talento que se presupone a sus dueños, a la espera de colocar sus ideas y proyectos a alguien que sí tenga recursos que invertir. Casi el sesenta por ciento de las empresas del sector en Canarias se dedica a actividades de producción -cinematográficas, de vídeo, publicidad o programas de televisión-, y quienes invierten en esas actividades tributan solo el cuatro por ciento de los beneficios que obtienen. Parece gran cosa, pero en realidad no lo es: son pocas las producciones -con la excepción de las muy grandes- que tienen beneficios tan elevados que hacen atractiva esa excepción al impuesto de sociedades. La mayor parte de los proyectos tienen pérdidas millonarias en la primera y segunda anualidad de la producción, mucho antes de lograr algún raquítico beneficio. Y es ahí donde está el truco. Si tiene usted una gran empresa en Canarias que gana mucho dinero -en el sector hotelero, por ejemplo-, le interesa participar en producciones que pierdan dinero. En el caso de las producciones nacionales con Certificado de Obra Canaria -basta que trabaje en ellas un canario-, la deducción sobre el gasto producido es del 40 por ciento para el primer millón de euros, y del 38 por ciento a partir del segundo millón, con un tope de 5,4 millones de euros. Es decir, que la base de deducción máxima se sitúa en torno a los 14 meuros. Una pasta. El inversor pide el dinero que necesita a un banco, pone el dinero en la productora, con una fórmula societaria que permite desgravar las pérdidas de los beneficios que obtiene en la actividad hotelera. Y el segundo o tercer año, cuando ya no hay pérdidas que desgravar, vende su participación -ahora con beneficios anuales asegurados por la venta de un producto ya sin costes- a alguien que le paga por lo que pidió al banco. Sin haber puesto un duro, el hotelero se ha ahorrado tener que pagar cinco millones y medio de impuestos de su actividad principal. Ese es el sistema.

¿A alguien le sorprende que las grandes empresas que tienen que pagar impuestos produzcan películas? En realidad, las pelis «made in Canarias» se producen con impuestos que no se pagan. Para el sector es bueno. Para quienes ganan ya mucho dinero es mejor aún.

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