El Parlamento de Canarias discutirá la legalización de la marihuana con fines terapéuticos y también la posible regularización de los clubes de consumidores de cannabis. La base para ese debate es una proposición no de ley que el PSOE registrará la próxima semana para su admisión a trámite. La propuesta es similar a la aprobada por el Parlamento cántabro hace unos días, y su intención en instar al Congreso para que regule el uso terapéutico del cannabis y sus derivados. En Cantabria se produjo un amplio consenso sobre el asunto, y todos los grupos políticos -el PP, el PSOE, el partido de Revilla, Podemos y Ciudadanos- votaron conjuntamente una iniciativa para pedir al Gobierno de Rajoy que supere los prejuicios, considere las evidencias científicas favorables al uso medicinal del cannabis medicinal y lo regule y facilite.
En realidad, ese uso del cannabis tiene escasos detractores. De hecho, se trata de un asunto sobre el que ya existe una subcomisión parlamentaria que probablemente acabará dando luz verde al asunto, especialmente si en el proceso de debate se suman iniciativas de respaldo -políticas o sociales- que neutralicen a los grupos contrarios.
Se trata -como en tantas cosas- de un asunto delicado: hay quien considera -y no sin razón- que la autorización del uso terapéutico supone de facto la creación de una industria legal del cannabis y la apertura inevitable de la puerta a la legalización de su consumo. En España tenemos el precedente de lo ocurrido con la regulación del aborto, sobre la que también se vivió un debate extraordinariamente crispado, sobre los supuestos para permitirlo. Al final, cualquier mujer que hoy decide abortar puede hacerlo sin restricción alguna en las primeras catorce semanas de gestación. Y es que el reconocimiento de un derecho parcial -sobre todo si cuenta con un importante grupo de seguidores, como ocurre con el consumo de cannabis- suele dar paso a la generalización de ese derecho, más tarde o más temprano. España es permisiva con el consumo, no se penaliza ni la tenencia para uso personal, ni su cultivo en pequeña escala, aunque el consumo público puede ser objeto de sanción administrativa. Lo que se persigue penalmente es la producción masiva y la comercialización lucrativa. Eso da lugar a algunas situaciones chuscas: la policía interviene a veces con detenciones de particulares que en vez de dos macetas tienen diez. No está del todo claro qué y cuánto se puede tener o no tener para consumo personal -entre 25 gramos de hachís y 100 o 120 de maría se consideran cantidades destinadas al consumo durante una semana-, pero en la práctica la policía suele intervenir cuando tiene constancia de que hay comercialización con fines de negocio, o cuando el consumo y distribución de cannabis se asocia a otras sustancias. Así las cosas, quien quiere hoy fumar maría puede cultivarla en pequeña escala, o comprar cannabis y derivados en el mercado negro, con el riesgo que eso supone. Por eso, los hay que creen que el debate debería ir más allá del consumo terapéutico y centrarse en la pura y simple legalización, de la que muchos somos decididamente partidarios, por motivos de distinta índole, que van desde lo meramente práctico -normalizar el consumo y alejarlo de cualquier figura penal, por ejemplo-, a razones de tipo moral o filosófico.
En ese sentido, defender los propios principios en materia de legalización de la marihuana no debería estar reñido con apoyar iniciativas que cuentan con un mayor respaldo social, como el consumo terapéutico. Entre otras cosas, porque ese es más urgente.
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