FIRMAS Salvador García

Informar entre amenazas. Por Salvador García Llanos

Los más recientes acontecimientos en Venezuela, los que prolongan la crisis y alientan la incertidumbre de imprevisible final, hacen que concentremos la atención en la delicada situación de los medios de comunicación de aquel país, mientras en España se reabre el debate sobre los sesgos informativos y el tratamiento que se dispensa a la repercusión y a la manipulación de los sucesos que se acumulan en medio de un clima hosco y guerracivilista.

La libertad de expresión y el orden constitucional se han visto severamente amenazados. Varias medidas gubernamentales fueron criticadas sin ambages por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y es que se van amontonando los casos en que el periodismo se ha vuelto incómodo para el régimen totalitario venezolano: un periodista chileno, Patricio Nunes, de Canal 13, fue expulsado del país; otros dos profesionales de la BBC, Ian O’Reilly y Stephen Sackur, también salieron forzosamente acusados de realizar actividades ilegales; el corresponsal de la prestigiosa cadena alemana Deutsche Welle, Aitor Sáez, fue deportado en enero pasado; igual suerte corrieron poco después dos reporteros de RecordTV que investigaban el caso Odebrecht y la implicación de responsables políticos venezolanos…
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ha llegado a calificar al presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, como uno de “los depredadores de la prensa”. Desde agosto del pasado año, más de veinte periodistas extranjeros han sido expulsados o no se les ha permitido entrar en el país. Y en febrero de este mismo año el Gobierno venezolano anuló la señal televisiva de CNN en español, acusada de “hacer propaganda de guerra”. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela hizo público un informe en el que se consigna que, en menos de cinco meses, sesenta y siete profesionales de la información habían resultado agredidos en el el ejercicio de sus funciones. En ese mismo período, el IPYS destaca que también ha sido atacados veintitrés diarios digitales, treinta y tres impresos y diez televisiones.
La conclusión es clara: el trabajo periodístico en Venezuela ahora, en estos momentos, es muy ariiesgado y muy delicado. Como no parece que las condiciones mejoren, pues la fractura social es palpable, peor que se pondrá la cosa. Además, no todo es política: el problema de abastecimiento, la carencia de productos básicos, la inseguridad en las calles representan otros espacios peligrosos para los periodistas, expuestos a cualquier contingencia.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) ha denunciado hasta veinticuatro agresiones a la libertad de expresión, incluido el apagado de CNN, tan solo en el mes de febrero. El secretario general de esta organización, Marco Ruiz, revela un panorama ciertamente desolador: “Casi a diario hay al menos un intento por limitar el acceso a la información, dejando en evidencia la práctica reiterada de ocultar o al menos manipular los hechos que revisten interés”.
Solidaridad con el periodismo venezolano perseguido y maltratado. Desde la distancia, los problemas del país hermano se sienten como propios y este que afecta a los medios de comunicación, mucho más.

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