FIRMAS Francisco Pomares

A babor. REF y Presupuestos: caminos paralelos. Por Francisco Pomares

El Gobierno de España ha cumplido sus promesas sobre el REF: coincidiendo con la aprobación en Consejo de Ministros del borrador de los Presupuestos 2017, que serán remitidos al Congreso para su tramitación, el Consejo aprobó también el REF económico, después de casi un cuarto de siglo sin ser sometido a cambio alguno. La modificación propuesta, que debe ser remitida al Parlamento de Canarias para ser informada, volverá después al Congreso como proyecto de ley. El Gobierno se ha comprometido a tramitarlo con la máxima celeridad, una vez cuente con el plácet de la cámara regional.

Tal y como se había anunciado, el proyecto incorpora el principio de continuidad territorial entre el transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías, incluyendo compensaciones a la residencia del cincuenta por ciento, tanto entre islas como entre las Islas y la Península, y recoge subvenciones del 70 por ciento al transporte aéreo y marítimo de mercancías entre las Islas y la Península y entre las Islas y los países de la Unión Europea. Es cierto que las compensaciones ya existían, pero fijarlas en el REF significa evitar que puedan ser modificadas arbitrariamente por sucesivos gobiernos. Cualquier reducción de esas compensaciones implicaría una nueva revisión del REF, que debe contar con el informe preceptivo del Parlamento regional.

El anteproyecto recoge además ayudas en la gestión de residuos y en la producción de energías renovables que no se incorporaron en las negociaciones de 1994, además de consolidar la compensación de los costes por generación eléctrica en Canarias -seis sistemas dependientes hoy en un 90 por ciento de los combustibles fósiles- en relación con el coste muy inferior de producir energía en territorio peninsular. Se establece también el criterio de que el acceso a la banda ancha se producirá en condiciones y costes idénticos a las del resto del territorio español. Y se garantizan las ayudas a la desalinización de agua para consumo y uso agrícola, para que los precios en las Islas sean similares a la media de precios nacionales.

El REF económico dedica también un renglón específico dedicado a los incentivos regionales, que implica que el Estado financiará entre un 50 y un 75 por ciento de la aportación de las medidas de fomento de la producción agrícola local -el Posei- y el compromiso de contribuir al desarrollo de las islas menores con incentivos específicos para ellas. En empleo hay una declaración general sobre las «especiales dificultades» de Canarias, que el Gobierno regional usará para recuperar los recursos perdidos de los convenios de empleo. Y hay también medidas en turismo, y en materia educativa, sobre política de becas. En definitiva, lo que pretende el anteproyecto -con una mejoría de políticas y ayudas que el Gobierno de Canarias cifra entre 400 y 500 millones de euros- es cumplir el mandato constitucional de atender por parte del Estado las dificultades que suponen para Canarias la insularidad y la distancia.

El anteproyecto recoge además ayudas en la gestión de residuos y en la producción de energías renovables que no se incorporaron en las negociaciones de 1994, además de consolidar la compensación de los costes por generación eléctrica en Canarias -seis sistemas dependientes hoy en un 90 por ciento de los combustibles fósiles- en relación con el coste muy inferior de producir energía en territorio peninsular. Se establece también el criterio de que el acceso a la banda ancha se producirá en condiciones y costes idénticos a las del resto del territorio español. Y se garantizan las ayudas a la desalinización de agua para consumo y uso agrícola, para que los precios en las Islas sean similares a la media de precios nacionales.

El REF económico dedica también un renglón específico dedicado a los incentivos regionales, que implica que el Estado financiará entre un 50 y un 75 por ciento de la aportación de las medidas de fomento de la producción agrícola local -el Posei- y el compromiso de contribuir al desarrollo de las islas menores con incentivos específicos para ellas. En empleo hay una declaración general sobre las «especiales dificultades» de Canarias, que el Gobierno regional usará para recuperar los recursos perdidos de los convenios de empleo. Y hay también medidas en turismo, y en materia educativa, sobre política de becas. En definitiva, lo que pretende el anteproyecto -con una mejoría de políticas y ayudas que el Gobierno de Canarias cifra entre 400 y 500 millones de euros- es cumplir el mandato constitucional de atender por parte del Estado las dificultades que suponen para Canarias la insularidad y la distancia.

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