ETA anunció el pasado viernes su desarme unilateral e incondicional, que debería hacerse efectivo antes de un mes, concretamente el próximo 8 de abril. La oferta de ETA tiene sobre todo un carácter simbólico, porque ETA se comprometió a finalizar sus acciones terroristas -eufemísticamente denominadas ‘lucha armada’- en el año 2011, y hasta ahora ha cumplido ese compromiso. La importancia de la entrega de las armas es escasa: la policía estima que el arsenal aún en manos de ETA es muy antiguo y probablemente defectuoso, y su entrega -que habría de materializarse en territorio francés con la colaboración de algunos voluntarios elegidos por la banda- tiene un valor práctico reducido. Para la mayoría de los españoles, el anuncio es una noticia positiva, pero para quienes están en el conocimiento del estado actual de ETA, significa bien poco. España se ha negado reiteradamente a participar en actos de este tipo, y Francia ya ha dicho que tampoco se prestará a este paripé. El pasado diciembre, la Policía española evitó la teatralización de un montaje en el que un grupo de intermediarios de lo que queda de ETA pretendían filmar la destrucción de parte del arsenal. El Gobierno español es contundente al asegurar que lo único que espera de ETA es que anuncie su disolución. Y que mientras eso no ocurra, no se producirán negociaciones para el acercamiento al País Vasco de los más de cuatrocientos presos de ETA que están hoy desperdigados por penales de todo el país. ETA lo sabe, y debería entender que ya no hay negociación posible, que ha perdido el tren de la historia, que la sociedad española puede superar el dolor por los muertos inútiles de ETA, pero no olvidar, ni admitir que la derrota de ETA sea presentada como un final acordado. Eso no ha ocurrido. Lo que sucedió es que el terror fue vencido por el rechazo de millones de españoles, por el aislamiento a los violentos y sus cómplices por parte de la sociedad vasca, por la colaboración internacional, y el consenso antiterrorista de las fuerzas políticas, y por la actuación cada vez más eficaz y precisa de las fuerzas de Seguridad del Estado.
La sociedad y el Estado pueden y deben ser generosos con quienes se arrepientan. Que los hay, y muchos: el envilecimiento de aquellas décadas de terror ha dado paso a la reflexión de los más, y hoy los sectores violentos de la sociedad vasca han purgado muchos de sus vicios. Esa es sin duda la gran noticia que acompaña el fin de ETA. El Estado puede renegociar las condiciones de prisión de los condenados, si eso no contribuye a la reactivación de los objetivos, métodos y estrategias de la banda. Quien quiera luchar por la independencia del País Vasco, tiene el amparo de la Constitución para hacerlo, dentro de los amplios límites que la propia Constitución permite. Pero entre ellos, nunca tuvieron cabida ni la violencia contra las personas y las cosas, ni mucho menos el asesinato. El Estado puede ser generoso, pero no olvidar nunca el daño causado a las víctimas y sus familias. 829 asesinados, nueve de ellos canarios: Ramiro Quintero, José Benito Díaz, Juan Batista García, José Manuel Amaya, Aurelio Pérez-Zamora, José Torralba, Santiago González, José Carlos Marrero y José Francisco Hernández. Nueve hijos de esta tierra, por nacimiento o adopción, a los que no debemos olvidar.
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