FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

La protección del menor en las Redes Sociales. Por Juan Miguel Munguía Torres

Las transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra sociedad han provocado un cambio en el status social del niño y como consecuencia de ello se ha dado un nuevo enfoque a la construcción del edificio de los derechos humanos de la infancia. Según los datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la mitad de los menores de 18 años del Estado español utiliza las redes sociales, el 30% de los niños de 10 años usa Internet, un porcentaje que sube al 79% a los 13 años y a más del 90% a los 15.

Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad pública. 

Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los protegerán frente a posibles ataques de terceros. El derecho a la propia imagen se encuentra delimitado por la propia voluntad del titular del derecho que es, en principio, a quien corresponde decidir si permite o no la captación o difusión de su imagen por un tercero. No obstante, existen circunstancias que pueden determinar que la regla enunciada ceda, lo que ocurrirá en los casos en los que exista un interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente prevalente al interés de la persona en evitar la captación o difusión de su imagen.

Por ello, cuando este derecho fundamental entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, decidir qué interés merece mayor protección, si el interés del titular del derecho a la imagen en que sus rasgos físicos no se capten o difundan sin su consentimiento o el interés público en la captación o difusión de su imagen. Y cuando se trata, por ejemplo,  de la captación y difusión de fotografías de menores en medios de comunicación social, es preciso tener en cuenta, además de lo anteriormente señalado, que el ordenamiento jurídico establece en estos supuestos una protección especial, en aras a proteger el interés superior del menor.

Tanto el artículo 20.4 de la Constitución Española como las normas internacionales de protección de la infancia,  muy en particular, la Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos del niño (ratificada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 1990),  garantiza el derecho de los niños a la protección de la ley contra las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. También encontramos la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la Carta europea de los derechos del niño, en la que se establece que «todo niño tiene derecho a no ser objeto por parte de un tercero de intrusiones injustificadas en su vida privada, en la de su familia, ni a sufrir atentados ilegales a su honor».

Tanto por la Jurisprudencia como por lo dispuesto en el Código Civil, la publicación de la imagen de un menor en redes sociales es una cuestión de patria potestad, y requerirá el consentimiento de ambos progenitores, el cual puede ser obtenido tanto tácita como expreso y siempre que no suponga una intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad y la imagen del menor. PROTEGER a los menores de los ataques y acosos que pueden sufrir por Internet y concienciarles sobre el uso seguro y responsable de webs, redes sociales y otros contenidos digitales es un objetivo compartido por padres, educadores e instituciones.

munguia@munguiaabogados.com

 

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