Es deseable que el plan diseñado y puesto en marcha por el Gobierno de Canarias contra la explotación laboral no derivase en una de esas controversias tan peculiares en la islas que, en el fondo, alumbran discrepancias entre el poder política y el ámbito empresarial. Ya escribimos hace poco que los objetivos del Plan eran plausibles: que se cumplan las jornadas laborales previamente concertadas, regularizar el régimen de la Seguridad Social, impedir las irregularidades y la artificialidad del empleo temporal y aplicar fijeza en la contratación eventual que sea susceptible de ello. Es difícil, por no decir imposible, encontrar argumentos en contra de estas metas.
Y claro, van surgiendo los primeros resultados de una de las fases de inspección consignadas en el plan: “Empleo detecta fraude en uno de cada tres contratos inspeccionados”, titula el periódico El Día una información que detalla tales resultados y en la que se se recoge el testimonio de la vicepresidenta del ejecutivo autonómico y consejera de Empleo, Patricia Hernández, en el sentido de que la inspección no solo advierte incumplimientos en los horarios de los contratos sino incluso la inexistencia de los mismos. Tan solo con este último aspecto habría que dar por buena la tarea de la inspección.
Hay que dignificar las condiciones de trabajo. En eso debemos estar todos de acuerdo, incluso la patronal, uno de cuyo representantes, el secretario general de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, ha declarado que hay que perseguir y sancionar los contratos que no se hacen. Claro que el dirigente empresarial, aparte de discrepar con las cifras aportadas por la vicepresidente (“uno de cada tres…”), señala que el ejecutivo no tiene que decir a los empresarios cómo hay que contratar, basándose en el criterio de que los índices de temporalidad (alrededor de un 30%) son similares en los sectores público y privado.
Convenimos en que el plan debe orientarse a la dignificación de las condiciones de trabajo. Aspira a fomentar la legalidad y eso es positivo para todas las partes. Ya dijimos que había que tener una actitud positiva y nada recelosa. Por eso, si tras su puesta en marcha, se desvía ahora hacia polémicas mediáticas, las conclusiones no serán buenas para nadie, ni para empleadores ni para empleados. Lo que es bueno para la producción lo es también para todos los agentes. Que los inspectores sigan haciendo su trabajo, que se procesen los datos y sean analizados con desapasionamiento, transparencia y objetividad. Puede que estemos asistiendo a un proceso de modificación de usos y hábitos, al alumbramiento de una nueva cultura en el ámbito empresarial y laboral, tan necesaria en la sociedad canaria de nuestro tiempo que solo el devenir hará contrastar la importancia de esta teóricamente provechosa iniciativa.
Si se quiere debatir, que se haga. Que haya puntos de vista distintos, normal. Que los métodos son perfectibles, seguro. Pero pensemos en los objetivos plausibles. Ahí, hasta su consecución, radica la trascendencia de este asunto.
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