‘Zascas’ contradictorios entre el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y su ‘Messianico’ exinterventor
EBFNoticias/María Montero/Foto: Twitter.-El caso de Las Teresitas ha vivido su «momento cumbre» con la declaración de los encartados en la Audiencia Provincial, y la ruptura del silencio después de 15 años desde la compra-venta del frente de playa en 2001.
El ex-interventor general Antonio Messía desactivó el conflicto versus veracidad del expediente de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento, al confesar que no conocía el informe clave de la arquitecta Pía Oramas respecto a una tasación de valoración de los terrenos en 19 millones de euros, alegando que su intervención habría objetado reparos y hubiera sido radicalmente diferente su informe final, si hubiera sabido tal circunstancia, reconociendo haberse sentido engañado por desconocer la ocultación o falta de incorporación del informe de Oramas en el expediente municipal, y reconocerse sabedor a posteriori, de la trascendencia de esta tasación más «baja» en relación a la tasación más «alta» en 52 millones de euros como precio final pagado por el consistorio de Santa Cruz de Tenerife al comprar los terrenos de Las Teresitas.
El otro platillo en la balanza de la Justicia, lo timonea el exalcalde Miguel Zerolo (CC), defendiendo a ultranza la adquisición de estas tierras por el ayuntamiento, comprándolas a los empresarios privados, para culminar así satisfactoriamente, un proceso conflictivo de décadas, donde los chicharreros reclaman la playa como pública, evitando la edificación de una playa virgen y salvando uno de los espacios medioambientales vitales de la capital de Tenerife, en el área limítrofe con el Parque Rural de Anaga.
La cuadratura del círculo para el consistorio, sostiene Zerolo, se sobreviene al recuperar los 52 millones de euros invertidos al poder ejercer la construcción de un hotel en un área de Las Teresitas, habilitada urbanísticamente para ello, y compensar por esta vía las arcas municipales.
La compra-venta de los terrenos realizada en el mandato de Zerolo, a la empresa titular ILT (Inversiones Las Teresitas), como socios Ignacio González y Antonio Plasencia, ejecutada en 8.700 millones de pesetas en 2001, vinculaba a Caja Canarias, al pleno municipal con un voto favorable y unánime de todos los grupos políticos, además de los funcionarios implicados en la elaboración del expediente correspondiente. Hoy en día, son 13 encartados, acusados de presunta prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Hasta aquí todo eran debates políticos y tertulias en medios de comunicación. La discrepancia origen de la semilla de la causa penal celebrada en la actualidad en la Audiencia Provincial de Tenerife, se sobreviene a raíz de una denuncia interpuesta por el PSOE en 2006, redactada por el exsecretario general socialista en Tenerife, Santiago Pérez, al sospechar presuntas irregularidades en el expediente de compraventa del frente de playa, al ejecutarse en 52 millones de euros, y acceder después a la existencia de un informe de la ex arquitecta municipal Pía Oramas, con una tasación inferior cifrada en 19 millones de euros.
La noche de los cuchillos largos en la Audiencia Provincial de Tenerife…
Preceden semanas muy duras en un arduo debate contencioso en la fase pericial de este proceso judicial entre profesionales expertos en diagnósticos urbanísticos, tasaciones, valoraciones de terrenos, legislación específica, precios de mercado, Ley del Suelo…Los peritos judiciales se alinearon en su dictamen sobre los terrenos de Las Teresitas, en un resultado bastante afín con la valoración final de Pía Oramas en 19 millones de euros.
Los peritos contratados por algunos encartados para acreditar su defensa, han sentado en el juicio un dictamen contrario a Oramas, incluso un perito privado alegó la «creación de una trama» por parte de los peritos judiciales en sus informes de tasación del frente de playa. Los peritos de los acusados, defendieron sin tregua el valor de los terrenos en 52 millones de euros, confirmando como ajustado al precio de mercado, el pago realizado por el consistorio en 2001. Incluso distinguieron entre el valor del aprovechamiento urbanístico respecto al valor real de las 11 parcelas implicadas. Domínguez Anadón, Roger, Joaquín Jalvo, Duatis, son peritos de reconocido prestigio, que esgrimieron un viaje pericial desde la legislación vigente engarzada con la Ley del Suelo de 1956, intercalando con suma maestría las sucesivas modificaciones en los Planes de Ordenación y Planes Especiales, así como derogaciones, contempladas en las tasaciones solicitadas por el ayuntamiento a empresas externas como Sociedad de Tasación (SOTASA) o Tinsa que estimaron precios en torno a 8.700 millones de pesetas valorando así los terrenos de Las Teresitas.
Los peritos privados recogieron el reconocimiento realizado por Pía Oramas que alegó «un 70% de calificación turística citando como suelo en régimen transitorio no consolidado a este espacio», para señalar con energía contradictoria, que «la tasación de la arquitecta era basada en un precio inferior a viviendas de protección de oficial en Las Teresitas, cuando este suelo está sujeto a precios turísticos y sería legítimo construir», defendiendo los derechos adquiridos de sus clientes…
La moratoria urbanística, el precio de cama hotelera, el deslinde de 1961 del frente playero, las anotaciones registrales de la titularidad de los terrenos y la consabida controversia acerca de ciertas inscripciones de terrenos que «siempre» fueron municipales…debate sobre debate sin conclusiones finales, a la espera de la valoración jurídica en la sentencia del Magistrado Juez Astor Landete. Los peritos tendieron un ritmo vertiginoso en este juicio, volteando dialécticamente las diferentes valoraciones entre ambas tendencias tasadoras: los peritos privados versus los peritos judiciales alienados con el informe de Pía Oramas. Nunca se pusieron de acuerdo en la tasación. 52 millones de euros versus 19 millones de euros.
Actuaciones del Ministerio Fiscal
Por su parte, la Fiscal Farnés ha realizado un trabajo exhaustivo en la fase testifical, pericial, y en el interrogatorio a los acusados, investigando si cabe, dentro de la propia Sala, independientemente de la fase de instrucción acreditada, con la «esperanza procesal» de desenmascarar judicialmente cualquier presunto resquicio de delito, o tomar todas las referencias posibles dirigidas a la exculpación, antes de presentar sus conclusiones finales. El Ministerio Fiscal a cargo de María Farnés, está realizando un trabajo impecable.
Las declaraciones políticas claves de los acusados en el caso Las Teresitas
Finalizada la fase testifical y pericial, el turno de los encartados se planteó con suma expectativa procesal y curiosidad por la sociedad en general. Han declarado en estas últimas jornadas todos los encartados, excepto el empresario Antonio Plasencia, que será el que cierra el interrogatorio el próximo 30 de noviembre en la Audiencia Provincial.
El exalcalde Miguel Zerolo ha sostenido la tensión mediática y judicial, con atenta naturalidad y una encomiable entereza. Incluso en sus declaraciones usó un tono muy colaborador con la Fiscal, con tintes marcados en su voz de la cordialidad que le caracteriza, asistido por un experto letrado, que ha marcado perfectamente los tiempos procesales a Zerolo. El abogado Jorge Muñoz, procede del prestigioso despacho Martínez-Échevarría, y lidera la defensa de Zerolo con suma elegancia, sin titulares en Sala, sino con un rigor a prueba de titulares, lo que ha evitado sangrías a su cliente, aislando la trama procesal del «ruido político de fondo».
Zerolo negó el conocimiento de la existencia de la tasación del informe de Pía Oramas, refiriéndose en repetidas ocasiones a su condición política y no técnica, delegando la responsabilidad de las actuaciones del expediente de compra-venta de los terrenos a la Gerencia de Urbanismo. Respecto a la fijación del precio en 8.750 millones de pesetas, Zerolo dejó claro que, el empresario Ignacio González (expresidente del PP de Tenerife y expresidente de la Cámara de Comercio de Tenerife) dio un «ultimatum» con el precio ante el secretario de Urbanismo.
El exalcalde nacionalista, insistió en su acción política de llegar a acuerdos plenarios entre todos los grupos políticos CC-PP-PSOE en el consistorio para salvar la playa, encontrando el precio razonable por los informes favorables de los técnicos. Las declaraciones de los exconcejales Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), en una línea autoexculpatoria al ser concejales de la oposición en 2001, y votar por unanimidad a favor de no construir en la playa, comprando los terrenos, es algo muy sólido en su estrategia política, especialmente en el PSOE.
La tensión palpable en la Sala se exacerbó cuando la Fiscal interrogó sutilmente a Zerolo sobre su «suerte» al tocarle la Lotería en 2001. El exalcalde se sacudió hábilmente esta cuestión, aunque a la zaga su abogado, al no juzgarse el cohecho en este proceso.
El exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (CC) en 2001, no tuvo el mismo temple al contestar a la Fiscal Farnés, desviando continuamente responsabilidades a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, siendo él mismo la máxima autoridad colegiada, negando cualquier vinculación con el informe de Pía Oramas, o reuniones con la arquitecta de la Gerencia, provocando la ironía en la Fiscal al interrogarle con premisas como «¿Acaso los técnicos y funcionarios diseñaban los planes, los aprobaban sin contar con los políticos, autorizaban presupuestos, firmaban todos los expedientes, y no necesitaban acudir a los plenos políticos? ¿Los funcionarios lo hacían todo al margen de los concejales, y los políticos nunca intervenían?»…
Documentación inédita en el juicio de Las Teresitas
Uno de los documentos exnovo esgrimidos en su declaración, por el exgerente de Urbanismo en 2001, José Tomás Martín, fueron unos borradores del convenio (19/6/2001), que daban habida cuenta de la referencia del precio fijado entre el Ayuntamiento y la Sociedad Inversiones Las Teresitas (ILT), en 8.750 millones de pesetas por la compra-venta de los terrenos, así como la forma de pago, en un 60% a la firma de la escritura pública al formalizar la adquisición, y el 40% a la presentación de otros requisitos del Proyecto.
El Juez Joaquín Astor Landete no admitió estos documentos como prueba a solicitud de algunas de las defensas, pero sí los anexa a la declaración de Martín. El letrado Juan Fernández del Torco en la defensa de J.T.Martín, ha realizado diferentes intervenciones brillantes en el proceso, al haber ejercido como Magistrado-Fiscal Secretario, aporta Jurisprudencia relevante, así como un ejercicio procesal impecable.
La sorprendente declaración del ex interventor general del Ayuntamiento de Santa Cruz, Antonio Messía, desarticulando el expediente de compra-venta ante la Sala
Una de las declaraciones más delicadas, y de una trascendencia fundamental, las argumentaciones jurídicas de Messía, desacreditando el expediente de Las Teresitas ante todos los presentes en la Audiencia Provincial, al ratificar que «Nunca en mi trabajo me había encontrado con un expediente de semejante naturaleza, y por supuesto, que el informe de Pía Oramas, debería haber estado incluido en el expediente de compra-venta. Mi informe hubiera sido diferente, si hubiera estado informado de la valoración de Pía Oramas, en 19 millones de euros por el frente de playa de Las Teresitas. Yo cerré mi informe al reunir todos los informes, que eran favorables , y estaban todos los trámites recogidos en el ordenamiento, por eso no hice reparos».
«El Interés Público y Principios de Buena Administración deben cumplirse en todo expediente, y me engañaron, porque se impidieron esas valoraciones dentro del informe, y se impidió la acción fiscalizadora. Aún así el informe no era limpio, porque formulé observaciones al expediente que me entregaron. Los concejales votaron a favor en el pleno, a tenor de mi informe, pero lógicamente estaban desinformados. El orden del día, sería respetar discrepancia del interventor, y elaboración de un contra-informe, si hubiera habido reparos. Hubiera reparado sin duda alguna el expediente si hubiera tenido toda la información. Jamás llegué a hablar con Pía Oramas de su informe, y supe por la prensa, un tiempo después, de la existencia de este documento». La Sala quedaba en mudo silencio, y Antonio Messía, reparaba en público 15 años después, los que no puedo reparar en su cargo de interventor en el consistorio, al desconocer el expediente completo. Su ilustre abogado, Miguel Ruiz Pons, con una defensa medida en todas las intervenciones puntuales realizadas, cerraba esta fase con un broche de oro en su defensa, al reservar este as para el final.
El documento del desvío de la tasación por 8.750 millones de pesetas
Messía relegó de importancia a un fax de 25/6/2001 entre SOTASA (Sociedad de Tasación) y el exgerente de Urbanismo, J.T.Martín, respecto al precio entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación fijado en 7.789 millones de pesetas, alegando un desvío del 12% en el precio por otra tasación de 8.750 millones de pesetas, hecho descrito por él mismo en sus observaciones en el informe que realizó.
El ex-interventor delegado de Urbanismo, José Luis Roca, actuaba en la Gerencia, era autónomo, y firmaba como interventor, según explica Messía, quien le hacía un seguimiento desde lejos, sin firmar informes que Roca sí firmaba. Este interventor, es defendido por el letrado José Luis Gutiérrez, que aclara en el juicio, todo lo relativo al cheque de varios miles de millones de pesetas que gestionó su defendido, para efectuar la compra-venta con la Sociedad ILT. Gutiérrez ejerce una defensa muy combativa en el juicio, poniendo de manifiesto la poca injerencia de su cliente en el expediente, señalando su inocencia.
Un testimonio relevante y significativo afín al del interventor Messía
Otro de los testimonios claves ha sido el de José de Zárate, defendido por otro insigne abogado tinerfeño, con una amplia experiencia en juicios mediáticos. Ramón González de Mesa ha realizado un trabajo muy preciso y técnico con su defendido, Zárate, al ocupar el cargo de secretario general del consistorio en 2001, y ser un «fedatario de los expedientes» tal como explicó en su declaración a la Fiscal Farnés. «La fe pública está en el resultado por la aveniencia de las partes, y acuerdo en el pleno. Jamás vi el informe de Pía Oramas, pero si hubiera tenido todos los informes que no vi en el expediente, habría modificado mi informe. La parte privada vendedora podía poner un precio de 8.750 millones de pesetas, cosa bien distinta es que el ayuntamiento lo aceptara o no», apostillaba Zárate muy en la línea del interventor Messía.
Las estrategias de los empresarios encartados en Las Teresitas
El equipo de letrados de Barcelona para la defensa de los empresarios y sus sociedades en este proceso, junto a otros letrados canarios, representan la «Champion League» de la abogacía en la Audiencia Provincial de Tenerife en estas sesiones. El carisma personal del letrado Jordi Pina, con interrupciones en protestas procesales perfectamente sincronizadas con el ritmo de la Sala, ha formulado alegaciones desde el primer día, convirtiéndose en el foco de la improvisación medida, con un continuo «retranqueo» con las acciones de la Fiscal en el uso permanente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).
Jordi Pina ha dejado claro que su defendido, el empresario Antonio Plasencia, contestará preguntas contadas el 30 de noviembre, siguiendo la misma estrategia en las breves declaraciones de Carlos Plasencia (hijo del constructor encartado) y Pedro González (hijo del empresario procesado Ignacio González), alegando que eran apoderados o firmaban por sus padres, acogiéndose a su derecho de no contestar al Ministerio Fiscal, Acusación Popular, ni al letrado del ayuntamiento personado en la causa.
La declaración de Ignacio González, ante el TSJC, fue leída a petición de la Fiscal Farnés, ya que el empresario se encuentra delicado de salud, y optó por no declarar, aunque aceptó ratificarse en sus declaraciones anteriores. «Cobraba 90.000 pesetas mensuales por asistir una vez al mes al Consejo de Administración de Caja Canarias, y el préstamo de 5.000 millones de pesetas que nos concedió la Caja (para compra-venta de Las Teresitas) estaba respaldado por los terrenos, una actividad muy lucrativa para esta entidad», fueron algunas de las perlas informativas de las respuestas del empresario González ante el TSJC.
ALEA IACTA EST: LA SUERTE ESTÁ ECHADA
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