Ocurrió el pasado martes: tres diputados del grupo parlamentario socialista -su presidenta, Dolores Corujo, acompañada por el tinerfeño Gustavo Matos y el grancanario Gabriel Corujo- se ausentaron de la votación de la ley de «Islas Verdes», para no suscribir la propuesta del Cabildo palmero. La ley supone una modificación de la ordenación turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que modifica algunos aspectos restrictivos de una ley anterior mucho más garantista con la protección del territorio. El proyecto había sido inicialmente apoyado por una amplia mayoría parlamentaria, pero en esta ocasión recibió el voto en contra de Nueva Canarias y Podemos, que señalan que el texto fue modificado por una batería de enmiendas pactadas por los diputados herreños, gomeros y palmeros de Coalición y el PSOE, que cambiaron sustancialmente su contenido, permitiendo la instalación de instalaciones turísticas de cualquier clase, incluso hoteles, en suelos de protección ambiental y agrícola. La incorporación de esas enmiendas produjo división en el PSOE, y volvió a poner de manifiesta la existencia de sensibilidades distintas en materia de territorio: por un lado, la de los socialistas en el Gobierno de Clavijo, los alcaldes y presidentes de Cabildo, que coinciden -con Coalición, el PP y el gomero Curbelo- en la necesidad de agilizar trámites y reducir controles sobre el uso del territorio; y por otro lado, la de una gran parte de la actual dirección y militancia del PSOE, que quiere modular ese proceso para evitar que los cambios legales que incorpora esta ley y los que traerá la del Suelo, se conviertan en una patente de corso para los abusos. Al margen de esos dos grupos, que constituyen hoy una mayoría a aplastante, instalada en la búsqueda de una difícil conciliación que evite la ruptura del pacto de Gobierno y los efectos colaterales que eso tendría sobre el socialismo en Canarias, están los tres diputados que el martes dieron las espantada. Conocidos como «clan Corujo», por la coincidencia de apellidos de dos de sus tres miembros, su preocupación por el debate sobre el suelo en Canarias es básicamente instrumental. Usan ese debate como elemento aglutinador de la oposición a la candidatura de Patricia Hernández como sustituta de José Miguel Pérez.
La decisión de ausentarse de la votación de la ley de «Islas Verdes» supone la presentación en sociedad de ese grupo: choca que Dolores Corujo, que apoyó la Ley del Suelo hace solo unos meses y ahora se opone a ella, haya roto la disciplina de voto del grupo que preside. Y choca más aún que ninguno de los tres diputados planteara en la reunión previa del grupo parlamentario, antes de la votación, su oposición o su decisión de ausentarse y no votar. En la historia del PSOE canario solo hay un precedente: la decisión del diputado tinerfeño Maximino Fumero de no votar la ley de creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, decidida por su partido. En un momento de enorme crispación pública, Fumero anunció que en conciencia no podía votar una ley que creía perjudicial para la Universidad de La Laguna, y dimitió antes de tener que votarla. Sus compañeros aplaudieron la coherencia y dignidad de su gesto.
Eran otros tiempos: Fumero defendía sus ideas, no sus garbanzos. O sus intereses políticos.
Para que luego digan que cualquier tiempo pasado fue peor.
Añade un comentario