FIRMAS Salvador García

Venezuela, malos tiempos para el oficio. Por Salvador García Llanos

Todas las informaciones procedentes de Venezuela rezuman inquietud. ¿Qué va a pasar? La pregunta se repite de forma incesante sin que haya una sola respuesta capaz de contener una alternativa consecuente: demasiados problemas concentrados en la coctelera donde se agita una crisis de caballo en todos los órdenes: político, institucional, económico y social.

Añadamos el mediático. Informar en medio de esa convulsión está siendo, desde hace algún tiempo, pero principalmente después de las últimas elecciones y de la histórica derrota en las urnas del régimen bolivariano, un ejercicio pletórico de riesgo. Más que eso, de peligro. Preocupante: recordemos que la prensa fue ovacionada en la sesión constituyente de la Asamblea Nacional. Era todo un reconocimiento a su abnegación durante muchos años de tribulaciones y persecuciones; y un estímulo para confiar en que la nueva era sociopolítica que se abría iba a tener un poder fedatario, pluralista y consecuente en las tribunas mediática, indispensable para la normalización de la convivencia y los avances sociales. Pero de los aplausos en el Parlamento se ha pasado a las amenazas y agresiones en la calle. 
Amnistía Internacional (AI) acaba de corroborar esa preocupación mientras ex presidentes de otros países agotan los recursos para dialogar y acercar posiciones en medio de la fractura abierta y la intransigencia. La organización, prácticamente a la desesperada, ha solicitado a las autoridades venezolanas que garanticen la protección y el libre desarrollo de su tarea a los profesionales del periodismo. Lo ha hecho después de que al menos veinte reporteros y fotógrafos hayan  sufrido amenazas, agresiones verbales y físicas en el curso de protestas y concentraciones en las  calles de Caracas y otras ciudades.
El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, ha sido tajante al respecto: “Las agresiones por parte de presuntos funcionarios públicos y bandas de civiles armados pro Gobierno –muchas de ellas registradas en fotografías y videos– que según denuncias sufrieron cerca de diecinueve profesionales de varios medios de comunicación el día de ayer en el centro de Caracas, no deben quedar impunes”. Causa pavor saber que, presumiblemente, hay funcionarios y grupos de civiles armados actuando -impunemente, seguro- en medio de ese clima de encono y crispación social. Un clima prebélico.
Los hechos confirman que la situación tiende a empeorar. La libertad de expresión en Venezuela se ha visto amenazada desde hace años. No solo es el férreo control de los medios sino la progresiva presión que se ejerce para aniquilar la información plural y ecuánime. Para colmo, en el caso de la prensa, la escasez de papel ha sido determinante del cierre de varias cabeceras o de la notoria reducción de tiradas. Periódicos colombianos, según se ha sabido, están prestando bobinas y bobinas para que algunas publicaciones subsistan. ¿Hasta cuándo? Esa es otra pregunta como la del primer párrafo.
La reivindicación de Amnistía Internacional va cargada de razón: “La labor periodística es fundamental para la construcción de una sociedad y el resguardo del Estado de derecho. Por ello Naciones Unidas incluye a los y las periodistas dentro de su concepto de defensores y defensoras de derechos humanos”. Y agrega: “Es una obligación de cada uno de los Estados garantizar su protección y el libre ejercicio de su trabajo. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.
Desde luego, malos tiempos para el oficio en el país hermano. Pero el periodismo no se resigna. Seguro.

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