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La democracia es imperfecta. Por Salvador García Llanos

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La democracia es imperfecta, por supuesto. La española, entre pitos, flautas, rodillos, autoritarismos y abusos, no se libra. Lo tranquilizador sería que el propio sistema disponga de mecanismos para superar las tensiones y los conflictos que vayan apareciendo. Los mecanismos y la fiscalización mediática, desde luego.

En el panorama surgido tras las últimas elecciones legislativas, la incertidumbre va más allá de las que deben ser insufribles negociaciones para tratar encontrar fórmulas de gobernabilidad y evitar un nuevo proceso electoral. Aquí se está dando un hecho insólito en democracia: el Gobierno se niega a ser fiscalizado, amparándose en el razonable argumento de que no fue elegido por la actual composición del Congreso, pero con las dudas, no menos razonables, de si esa negativa encaja en los esquemas elementales del funcionamiento de los poderes del Estado. Sin olvidar que llueve sobre mojado pues fueron numerosos los casos de incomparecencia protagonizados por ministros -servidumbres de la mayoría absoluta-durante la pasada legislatura. Algunas querencias siempre quedan.

Si el hecho es insólito, a ver qué adjetivo encontramos para valorar que, entre las consecuencias, toda la Cámara, menos el grupo parlamentario del Partido Popular, haya aprobado ayer la iniciativa de un conflicto de atribuciones que implica llevar al Gobierno en funciones al Tribunal Constitucional.

De acuerdo en que la decisión -de claros contenidos políticos- es más simbólica que otra cosa, acaso pensada para arbitrar alguna medida si en el futuro se diese una situación similar. Pero choca con el propio contexto formal, cumplimientos de plazos, reglas procedimentales y demás. Si no hay acuerdo para la investidura, las Cámaras legislativas quedarán disueltas el próximo 2 de mayo. Es más, el propio ejecutivo agotará los plazos y así evitará presentar alegaciones u otras consideraciones.

Y de esa manera, se pasaría página a la espera de que esta evidente imperfección sea subsanada, que para eso el Estado de derecho debe hacer sus previsiones y aplicarlas.

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