La televisión Canaria dejó de emitir ayer los dos únicos programas contratados en la nueva etapa por Santiago Negrín. En otro bochorno más de la reciente historia de nuestra televisión pública, la tele posterior a los dispendios de Willy García se ha quedado sin un euro. El Gobierno de Clavijo recortó otra vez su presupuesto en el momento álgido de los conflictos en el seno del Consejo Rector. Un Consejo tan, pero tan histérico, que en el mismo empezaron a producirse dimisiones antes incluso de que se constituyera. Y en el que -muy probablemente- aún quedan algunas dimisiones pendientes. Tampoco ha contado el nuevo equipo de la tele con los cuartos que le pasaban bajo mesa a Willy desde la consejería de Turismo, cuando Paulino controlaba el departamento. Por la vía de convenios no fiscalizados por nadie, Willy repartió la pasta de Turismo en producciones cuyo destino es cuando menos tan poco claro como el de esas series sobre deportistas canarios con las que Francisco Padrón pagaba sus deudas con la Seguridad Social.
Para más coña, la ley aprobada por el Parlamento en 2014 para atar a Willy de pies y manos y obligarle a irse, ha demostrado ser bastante ineficiente, aunque la intención del legislador parecía buena: ceder el control de la tele a un consejo de administración formado por profesionales independientes, y evitar que el Gobierno decidiera programación, invitados y minutajes. Al final, las limitaciones y errores de la ley y las prisas por sacar del Ente a un Willy más que amortizado y ya carne de juzgado, precipitaron la elección de un consejo mal avenido, sin experiencia en televisión y aquejado del síndrome de Castafiore, en el que las reuniones que iban mal eran como un almuerzo caníbal, y las que iban bien, acababan como el rosario de la aurora retransmitido por guasap.
Incapaz de poner orden en el Consejo, frente al esfuerzo inútil, Negrín se entregó a la melancolía, los partidos se desentendieron completamente y el Gobierno, después de colarle por nómina comisarios políticos que se pasaban al enemigo o huían del estrés refugiándose en sus casas, presionó con el recorte presupuestario y la lío más aún, condenando a la tele al delirio y a la industria audiovisual al desastre. Ayer, decenas de contratados por las productoras se quedaron en el aire, sin que nadie les diera ninguna garantía de cuándo podrán volver a trabajar. Quizá las grandes productoras -las que hablan de tú al poder regional- aguanten el embate, pero las pequeñas van caminito de la ruina, y lo que nació para ser motor de la industria audiovisual ha pasado de ser un coladero de golferías y contratos venéreos, a repartir certificados de defunción en el sector. Esa es la situación a día de ayer.
Una situación de la que el Gobierno no puede desentenderse. Desde 2008 los recursos destinados a La Nuestra se han reducido a la mitad. Y este modelo de tele no puede sostenerse sin dinero: si quieren cerrar la televisión o cambiar su formato, que lo asuman. Algunos creemos que no sería una mala opción una televisión de servicio público, de mínimo presupuesto, y que no tenga que ocuparse ni de captar audiencia ni de activar el sector audiovisual. Es una opción tan legítima como la actual, y muchísimo más barata, y eso a pesar de que la televisión canaria es ya de por sí -y con diferencia- de las más baratas de España.
Hagan ya algo, señores del Gobierno: pongan dinero o metan la carta de ajuste y denle al botón de apagado. Ya está bien de ver sólo sus jetas sonrientes entre viejas y más viejas pelis del Oeste.
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