El refranero, con sencillez y sabiduría, nos recuerda que muchos de los males que padecemos son consecuencia de hechos que permitimos: «de aquellos polvos, vinieron estos lodos». Este país permitió al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Partido Popular, ocultarse tras una pantalla de plasma. No dio la cara, se escondió de la prensa evitando contestar a cuestiones que eran de interés general. También le hemos visto huir de los periodistas abandonando la Cámara Alta por el garaje, así como rechazar su comparecencia, en el Pleno del Congreso, para explicar cuestiones tales como la supuesta financiación irregular del Partido Popular que aparece en los sumarios de los Casos Gürtel y Bárcenas.
Ahora, no debe extrañarnos que el Ejecutivo descarte someterse al control político de la Cámara alegando que la nueva Cámara no le ha otorgado su confianza. Parece olvidar el Partido Popular que en un estado democrático y de derecho los ciudadanos deben estar informados de las actuaciones del Gobierno. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas, a conocer, a través de sus representantes, le gusten o no le gusten al Sr. Rajoy, las actividades gubernamentales. Patxi López, presidente del Congreso habla de «conflicto institucional» y serán los grupos parlamentarios los que podrán proponer en la Junta de Portavoces, el 29 de marzo, si elevan al Pleno la solicitud para que se presente un recurso por conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, el Partido Popular aprovecha ese vacío legal para hacerse propaganda previendo que se convoquen nuevas elecciones. Desde el 22 de diciembre, dos días después de las elecciones generales, han protagonizado entregas de medallas, premios u homenajes de cualquier tipo, asisten a conferencias, siempre y cuando presidan la apertura, al igual que inauguraciones o presentaciones de libros, conceden entrevistas en televisión y radio, organizan actos de balance de gestión o recepciones, todo vale con tal de publicitarse.
A raíz de este conflicto, la Asociación de Jueces por la Democracia ha reclamado la aprobación de una ley que defina las actuaciones que un gobierno central en funciones puede realizar. Esta figura se menciona en el art. 101 de la Constitución y en la Ley del Gobierno donde habla de su composición, art. 1.2, y de las facultades, art. 21, de una manera general, escueta y nada concisa. Es necesaria una ley que desarrolle y delimite claramente las funciones del Gobierno durante este periodo. Parece ser que en diez legislaturas, más la Constituyente, los parlamentarios no han legislado concretando las funciones que puede y debe realizar un gobierno en funciones. Desde el año 1977 hasta el año 2015, 38 años, hemos tenido 350 diputados y unos 264 senadores, como en la pasada legislatura, dado que el número varía en función de la población. En estos años los más de 650 parlamentarios no han sido conscientes de la necesidad de actualizar o redactar leyes cuya ausencia ha provocado lagunas jurídicas y actuaciones tan desagradables, la ausencia del Ministro de Defensa en la Comisión que le había convocado, como las que estamos viviendo.
Quizás el problema estribe en que la mayoría de los diputados sólo trabajan 78 días al año, 2.5 meses, y los senadores 49 días, 1.5 meses, tal como recogen muchos medios de comunicación. Además disfrutan de puentes de 12 días, sin contar con las particulares «semanas blancas» que suelen disfrutar «sus señorías» los primeros días de cada mes o las extraordinarias vacaciones parlamentarias de verano, dos meses, y Navidad, mes y medio. Tal vez sea el sueldo ya que cobran más de 6.000 euros limpios al mes pero tributan como mileuristas. Quizás temen por su indemnización al cesar su actividad, o sea, si no vuelven a ser elegidos. Va a ser que no, porque aunque no tienen derecho a paro los diputados ya se han blindado y reciben 2.813 euros al mes de indemnización por cada año que han pasado en el Congreso. Y es que el Congreso reserva 1.3 millones de euros para indemnizar a los exparlamentarios que no se reincorporen al mundo laboral. La misma Cámara que ha aprobado que el paro de cualquier ciudadano variará, si la prestación es contributiva máxima o mínima y si tiene hijos a su cargo, desde 1.397,84 euros al mes a 497,01 euros al mes. Mientras los diputados cobran el 100% del salario, los ciudadanos reciben el 70% del salario los 6 primeros meses y el 50% del salario a partir del séptimo mes .La indemnización que perciben los diputados es de 30 días por año trabajado mientras que la de los trabajadores es de 33 días si el despido es improcedente y de 20 días por causas objetivas como puede ser que la empresa alegue «pérdidas económicas». La misma Cámara que ha aprobado que la ayuda para los desempleados de larga duración con cargas familiares sea de 426 euros durante 6 meses.
Por ello no es de extrañar que Rita Barberá, blindada por el Partido Popular como aforada, aunque se disuelvan las Cortes debido a una nueva convocatoria electoral, colocándola en la Diputación Permanente, ha estado cobrando como Senadora sin haber pisado la Cámara alta excepto para tomar posesión. Tal es la prepotencia y desfachatez de la susodicha que prefirió ir a la peluquería en lugar de atender a sus labores como Senadora. La misma que demostró Celia Villalobos, Vicepresidenta del Congreso, conocida por jugar al Candy Crush en horario laboral, cuando le preguntaron por su compañera de partido Rita Barberá y el Caso de Valencia que le pegó un rapapolvo a la periodista porque la pregunta parece ser que no fue de su agrado. Por supuesto elude contestar, que para eso ellos crearon y aprobaron la Ley Mordaza e implantaron las ruedas de prensa a través de plasma. Y es que la separación de poderes es uno de los argumentos esgrimidos por la Vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría para no comparecer. Declaraciones coetáneas con el nombramiento, por el Ministro del Interior, del Jefe Superior de Policía de Valencia que retrasaba las investigaciones del Partido Popular. Un comisario que postergó más de cinco años la entrega, a un Juzgado, de un informe sobre la corrupción del Partido Popular hasta que medió el Poder Judicial. Como dice el refrán: «antes se coge a un mentiroso que a un cojo»
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