La pasada semana, uno o varios desalmados incendiaron en una calle de La Laguna el taxi propiedad de Miguel Ojeda, responsable de la organización de los turnos para atender a los cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Desde que se incorporó a esa responsabilidad y comenzó a organizar el servicio, hace ya algunos meses, el señor Ojeda venía recibiendo amenazas de muerte y el aviso de que su coche sería incendiado, como efectivamente ocurrió la madrugada del viernes al sábado. El motivo de las amenazas y posterior atentado es que Ojeda ha logrado que se cumpla la normativa del puerto de Santa Cruz, de tal forma que todos los taxistas de la ciudad puedan acceder por rigurosa rotación a prestar sus servicios a los turistas que bajan de los cruceros y quieren contratar un taxi para ir de excursión al Valle de La Orotava o al Teide, carreras que en algunos casos pueden durar todo un día y reportan pingües beneficios a los chóferes.
Hasta la incorporación de Ojeda como coordinador, esos servicios se concentraban en poco menos de una decena de taxis, que disfrutaban con ello de una situación de enorme privilegio. Alguno de esos taxistas amenazaron al coordinador cuando este decidió acabar con la situación de monopolio, una situación que provocaba además altercados y problemas a los turistas al pie de sus barcos, con continuos rifirrafes y gritos entre chóferes del puerto.
No es extraño, en ninguna actividad económica, que el reparto de los mejores servicios, los más rentables, provoque conflictos y acabe en enfrentamientos. En el mundo del taxi esa tendencia -por desgracia aún hoy demasiado frecuente- ha ido resolviéndose con la adopción de medidas controladas de reparto de las carreras que se inician en puertos y aeropuertos y otros centros. Lo asombroso es que -ante situaciones de abuso- la aplicación de los reglamentos u ordenanzas acabe provocando respuestas mafiosas intolerables, como este atentado alevoso y nocturno contra el medio de vida de un hombre decente, que sólo ha intentado cumplir con su obligación, que es servir a la mayoría. Ojeda ha perdido su taxi, que no estaba asegurado contra incendios, y sus colegas -la mayoría de esos taxistas por los que se ha jugado sus bienes y su integridad física- andan empeñados en que pueda volver a trabajar y ganarse la vida lo antes posible.
Afortunadamente, y aunque a veces parezca lo contrario, la nuestra es una sociedad civilizada: vivimos en Canarias y no en el Chicago de los años treinta, y la Policía actuará con eficacia y contundencia poniendo al autor o autores a disposición judicial, seguramente más pronto que tarde. Los que amenazaron a Ojeda son un grupo muy reducido de personas, y no debiera resultar complicado acabar sabiendo quién o quiénes de ellos carecen de coartada para explicar dónde estaban y qué hacían la noche en que el taxi de Ojeda fue completamente calcinado. Sería inaceptable que no se identifique al culpable o culpables a la mayor brevedad, y que este asunto pudiera quedar impune.
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