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Canarias pide al Estado la revocación del decreto de prescripción en Enfermería

EBFNoticias.– El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la propuesta de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para que se ejerzan acciones judiciales contra al Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Asimismo, ha acordado solicitar ante el órgano jurisdiccional la medida cautelar de suspensión.

Desde la Consejería de Sanidad se considera que se trata de una norma de imposible cumplimiento y que vulnera el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía, además de que jurídicamente vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, aspectos estos que han sido respaldados por el conjunto del Gobierno.

Desde el punto de vista jurídico, los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias consideran que el Real Decreto adolece de vicios materiales y procedimentales que justifican su impugnación ante el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional que tiene la competencia para el conocimiento en única instancia de los recursos que se interpongan contra las disposiciones del Consejo de Ministros.

Igualmente se produce una infracción de jerarquía normativa porque constriñe y limita la configuración que el artículo 79,1 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los medicamentos y productos sanitarios, lleva a cabo sobre la indicación, uso y autorización de dispensación de los medicamentos de uso humano sujetos a prescripción médica.

Cabe recordar que el pasado 23 de diciembre de 2015 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

En relación con la aplicación del citado Real Decreto, y al objeto de garantizar la adecuada prestación de la actividad asistencial, la Consejería de Sanidad se ha posicionado, desde el primer momento, radicalmente en contra de la regulación que establece esta normativa, y así lo ha manifestado reiteradamente en múltiples ocasiones.

Además, tras la publicación en el BOE del citado Real Decreto, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar este asunto sin que se haya obtenido ninguna respuesta hasta el momento.

Por todo ello el Gobierno de Canarias ha acordado autorizar la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra este decreto y obtener su revocación, al tiempo que se solicitado su suspensión cautelar.

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