FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Macroproceso en Arona. Por Francisco Pomares

Catorce imputados -ahora bajo la más benévola denominación de ‘investigados’- y dos testigos han sido citados a declarar en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona, por su implicación en el denominado ‘Caso Arona 2’, el segundo de los cinco o seis procedimientos (yo ya he perdido la cuenta) en que se fraccionó la investigación del juez Nelson Díaz Frías sobre la corrupción que durante casi dos décadas presidió la vida del municipio sureño y contaminó a partidos, empresas, funcionarios, y atrajo a todo tipo de vividores que se instalaron en las cercanías del poder local aronero, a ver qué se recogía de entre las sobras. Lo ocurrido en Arona en el entorno del Ayuntamiento y sus muchas ramificaciones -una llegó incluso a salpicar al expresidente Rivero, que intentó colocar a su sobrina como policía local, sin éxito- es a mi juicio más grave incluso que el que ha sido definido como el gran pelotazo urbanístico en esta provincia, el que se produjo con la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz del frente de playa de Las Teresitas. Un pelotazo que implicó a media cúpula municipal, a dos de los más importantes empresarios de Tenerife y -en un grado de colaboración que no llegó a ser considerada delictiva- a los dirigentes de la extinta CajaCanarias, que facilitaron un crédito -este sí censurado y penalizado por el Banco de España-, que permitió la realización de toda la operación. Pero el «affaire» de Las Teresitas, a pesar de su enorme peso en la vida política chicharrera, y de sus consecuencias en la vida municipal de la capital, no tuvo el efecto contaminante para la convivencia y el estilo de vida de los ciudadanos de la capital que sí ha tenido el caso Arona.

Arona es, a fin de cuentas, un municipio pequeño que -a pesar de su extraordinario desarrollo turístico de los últimos años- se vio transformado por los hábitos corruptos y engolfados de sus dirigentes municipales. A la sombra de un poder sin escrúpulos, una ciudad pequeña quedó envilecida por prácticas propias de república bananera. Más de un centenar y medio de vecinos de la ciudad aparecen implicados -de una o de otra manera- en las distintas causas que integran el macroproceso de Arona. Todos saben cómo se movía el dinero y que muchos empresarios pasaron por los despachos municipales a pagar los favores recibidos. Todo podía conseguirse, y todo debía pagarse. El Ayuntamiento se adaptó con facilidad a una forma indecente de hacer las cosas que acabó por pringar a dirigentes y concejales de todos los partidos, a empresarios y a funcionarios, tejiendo una red muy tupida, con capacidad de contaminar de vileza y miseria la ciudad. Una red que hoy sigue existiendo, con muchos nudos aún bien amarrados que todavía ejercen públicamente cargos políticos. Las últimas elecciones locales demostraron que los aroneros quieren superar esa etapa, quieren administraciones más limpias, reglas más claras y políticos preocupados por los vecinos y no por sus bolsillos. Por eso, al margen de la presunción de inocencia, los partidos no pueden seguir manteniendo la ficción de que aquí no ha pasado nada. Algunos de los actuales concejales están imputados (investigados, ahora) y los partidos deberían pedirles su renuncia. No puede empezarse algo nuevo cargando con los mismos lastres.

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