FIRMAS Salvador García

El Lago: incumplimientos, pasotismo, pérdidas y deterioro ¿irreversible? Por Salvador García Llanos

El pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz tendrá que decidir próximamente -¿o lo hará la Junta de Gobierno a la vista de ciertos vacíos procedimentales?- sobre la rescisión del contrato de concesión administrativa de servicios en el complejo turístico ‘Costa Martiánez’ (el Lago, para entendernos), firmado en su día con los titulares de dos denominaciones sociales distintas, “Alamo y Lemus Asociados S.L.” y “Ocio Costa Martiánez S.L.”. En entradas anteriores nos hemos ocupado de la incierta situación que sufre el complejo, sin que hasta el momento el gobierno local haya fijado su posición. Y seguimos a la espera de saber si aquel Plan Integral que, teóricamente, debía significar un avance para esclarecer la suerte y la gestión del complejo, está en fase de redacción o, como tantas otras cosas, duerme el sueño del inmovilismo.

Lo cierto es que del expediente administrativo se desprenden algunos hechos que ciernen sombras y dudas. ¿Qué pasará en el Lago? ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? ¿Cómo no ha sido posible atajar los incumplimientos del pago del cánon establecido en el pliego de condiciones y en el contrato suscrito? Veamos:
 
La clausula 6ª del pliego de cláusulas administrativas que rige esta concesión, regula el canon mínimo a abonar por el concesionario, y cuya mejora constituía precisamente un criterio objetivo para la adjudicación del contrato, en relación con la cláusula 12ª, apartado 3º, que establece las obligaciones del concesionario, en las que se señala que «si no hubiere optado por el pago único anticipado (del canon), el concesionario satisfará el canon anual, en el que haya sido adjudicada la concesión, en mensualidades pagaderas dentro de los cinco días de cada mes, que se harán efectivas en la Tesorería municipal».
El contrato de gestión de servicios públicos (modalidad de concesión administrativa) de los conceptuados como de restauración del complejo turístico municipal ‘Costa Martiánez’ fue adjudicado y celebrado con la empresa ya mencionada por un precio de un millón doscientos noventa y seis mil euros, por los seis primeros años de contrato, a razón de 216.000,00 euros/anuales. Dicha adjudicación se realizó con sujeción estricta a los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, formando parte inseparable del contrato.
Conviene tener presente lo dispuesto por la estipulación tercera del contrato concesional, formalizado en documento administrativo con fecha 31 de julio de 2012, el cual señala que «el precio de adjudicación de este contrato es de un millón doscientos noventa y seis euros. El canon será abonado anticipadamente de forma fraccionada en cuatro trimestres del año, que coincidirán con los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, y que se ingresarán en la caja de la corporación, a partir de la vigencia del contrato, dentro de los cinco primeros días de cada trimestre.
 
En virtud de lo expuesto, es consecuente que en el informe de la secretaría general obrante en el citado expediente, el incumplimiento por el concesionario de su obligación de pago del canon en los plazos fijados, constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales que da lugar al inicio de procedimiento para la resolución del contrato. Que se sepa, la empresa no ha abonado ninguna cantidad en concepto de canon desde 2013, 2014 y 2015, pese a las incidencias habidas en algunas unidades de explotación o la paralización de la acción de cobro que en nada amparan esa reiterada falta de abono del canon pactado. Tres años, tres. ¿Quién o quiénes son responsables de las consecuencias?
 
Lástima de aquella oportunidad perdida en el mandato anterior, cuando fue solicitada y no aprobada una comisión investigadora del estado de las concesiones administrativas. De haber funcionado, hubiera detectado este problema, habría ganado tiempo para la adopción de alternativas, actuaría -se supone- con más transparencia y habría evitado la acumulación de pérdidas para el debilitado erario municipal. El próximo lunes, los órganos del Ayuntamiento tendrán ahora que decidir pero el horizonte continuará igual de oscuro y preocupante. La joya de la corona se sigue deteriorando.

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