FIRMAS Francisco Pomares

A babor. 82 millones de euros. Por Francisco Pomares

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha cifrado en diez millones de euros (más o menos) los beneficios directos que ha podido suponer, para la capital tinerfeña, el rodaje en las calles de la ciudad de la próxima entrega de «Bourne». No es que ese dinero se lo embolse el ayuntamiento: es lo que puede haber empapado -como una lluvia fina y persistente, durante un mes entero-, la economía real de la ciudad. Esa cantidad, multiplicada por ocho, es lo que el consistorio le reclama solidariamente a Miguel Zerolo y a los otros doce imputados en el caso de Las Teresitas, como fianza para poder cubrir el roto que la operación provocó en la tesorería municipal. Después de cuatro períodos de mandato, el ex alcalde Zerolo se enfrenta a una petición de fianza que -con absoluta certeza- no está en condiciones de cubrir. Si la juez decide aceptar la solicitud del ayuntamiento, tendrán que ser los empresarios de Inversiones Las Teresitas -Antonio Plasencia e Ignacio González- los que respondan con su patrimonio del aval bancario para cubrir esta fianza.

Al presentarse como actor civil en la causa penal de Las Teresitas, lo que hace el ayuntamiento es reclamar el perjuicio económico causado por la compra de Las Teresitas. El ayuntamiento no entra en consideraciones de ningún tipo sobre la operación, lo único que hace es pedir que se le devuelva -con intereses- el dinero que pagó por una operación que ha sido ya anulada por los tribunales. Santa Cruz reclamó esos dineros en causa civil, pero los juzgados de lo Civil se han inhibido, considerando que antes de fijar responsabilidades por el daño patrimonial causado al ayuntamiento debe resolverse la causa penal.

Y en eso estamos. Dos décadas después de la compra de Las Teresitas, y tras haberse paseado este caso por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Supremo, respondiendo a los sucesivos aforamientos de Zerolo y a la estrategia de dilación planteada por su defensa, la vista oral se producirá sí o sí en las primeras semanas del próximo año, en el Juzgado número uno de lo penal de Santa Cruz de Tenerife. Ha pasado tanto tiempo que es difícil seguir la pista del dinero, y muy probablemente nunca se podrá demostrar -como sería deseable- si el «pelotazo de libro» de Las Teresitas implicó el pago de sobornos y supuso el enriquecimiento de sus protagonistas políticos.

Pero para lo que sí va a servir este juicio es para arrojar luz judicial sobre las preguntas clave del caso: ¿Quién facilitó a Plasencia y Martín la información privilegiada que les hizo comprar los terrenos de Las Teresitas justo antes de que fueran recalificados? ¿Por qué CajaCanarias prestó 5.500 millones de pesetas a una empresa que no estaba ni siquiera registrada? ¿Por qué no se aceptó el peritaje de la técnico municipal Pía Oramas, muy inferior a lo que finalmente se pagó a los empresarios? ¿Por qué, además de pagarles la cantidad justa que la Caja les había prestado, el ayuntamiento firmó un convenio con Plasencia y Martín que les permitió vender Las Huertas por 16.000 millones adicionales? Son cuestiones que han sido ya parcialmente explicadas por abogados, denunciantes y periodistas. Ahora falta que la Justicia emita un veredicto y confirme (o no) cómo y por qué y en beneficio de quién se montó el mayor «affaire» urbanístico de la historia de Canarias.

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