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El Gobierno de Canarias anuncia un plan contra la explotación laboral

Elblogoferoz.- La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció ayer la puesta en marcha de manera inmediata de un plan contra la explotación laboral, que se llevará a cabo en colaboración con la Administración del Estado. Hernández aseguró que bajo «no vamos a consentir que las personas accedan a un puesto de trabajo en precario en el que se trabaja ocho horas y se cobra una. Aspiramos a que la gente tenga un empleo con plenitud de derechos porque la precariedad laboral implica también precariedad de vida».

Así lo explicó durante el acto de toma de posesión de Rafael Yanes, que asume el cargo de viceconsejero de Empleo, a quien Patricia Hernández pidió «trabajo duro para mejorar las condiciones de vida de quienes no tienen un empleo digno que les permita vivir, que les permita hacer un proyecto de vida».

La consejera dijo también que la tarea que asume Rafael Yanes es un reto muy importante, ya que, según recordó, hay más de 300.000 personas en situación de desempleo en las Islas, una cifra que «no supone simplemente formar parte de una estadística; no contar con un empleo digno, con un sueldo digno y con derechos, es un drama que tiene nombres y apellidos».

Por eso, Patricia Hernández dijo que el trabajo en su departamento debe traducirse en «hechos que cambien a mejor la vida de las personas». Entre esos hechos, la consejera se refirió a algunas de las actuaciones que ya se han puesto en marcha, como la inversión pública de 350.000 euros para financiar las iniciativas de entidades y asociaciones que lleven a cabo  proyectos de lucha contra la economía sumergida en las Islas y también acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Según explicó, se trata de medidas enmarcadas en el actual proceso de Concertación Social y de diálogo permanente con los agentes económicos y sociales que ha impulsado este departamento del Gobierno regional y en el que se seguirá avanzando en los próximos meses.

Por otra parte, Patricia Hernández aludió al trabajo conjunto que se está realizando en materia de inspección laboral entre la Administración regional y que ha permitido que «en lo que va de año 3.738  personas que se encontraban trabajando de forma irregular, hayan pasado a tener un contrato, a cotizar a la Seguridad Social y a tener derecho a la prestación por desempleo».

La consejera finalizó asegurando que «seguiremos trabajando en esta línea, en la línea de no quedarnos en los puestos de trabajo estadísticos ni en el empleo de papel mojado. Queremos empleos dignos y de calidad y para conseguirlo, como he dicho, tenemos que trabajar muy duro».

Economía sumergida y seguridad laboral

Las acciones que financia este año la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en materia de lucha contra la economía sumergida conllevan una inversión de 140.000 euros, que se han distribuido entre diez proyectos, y que van destinadas a  sensibilizar tanto a los empresarios como a los trabajadores sobre las consecuencias negativas del empleo no declarado.

En líneas generales, los proyectos abarcan la realización de campañas de sensibilización y acciones formativas sobre las consecuencias de la economía sumergida, a través de espacios on-line, en los que también se reciben denuncias sobre situaciones irregulares en el trabajo. Además, se llevarán a cabo acciones formativas en los ciclos de Formación Profesional y también campañas informativas y de asesoramiento para facilitar la regularización en sectores en los que se detecta una mayor incidencia de economía sumergida.

Por otra parte, está previsto que la próxima semana se publique la resolución provisional de las subvenciones a entidades que realicen proyectos para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. A ellos se destinan 210.000 euros que deben invertirse en iniciativas para reducir el número de accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, además de impulsar la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos y la de los empleos temporales.

 

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