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El bar de Pepe. Sindicalismo golfo y corrupto. Por Joaquín Hernández

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Que Rajoy es el culpable de la miseria que tenemos en España no hay quien lo dude, ni siquiera los propios peperos lo dudan; la cobardía de Mariano Rajoy, la bajada de pantalones ante la UE, nos ha llevado a la miseria, esa es la puta verdad y lo demás que nos cuentan una milonga, más mentiras con el único objetivo de ganar las elecciones y seguir perpetuándose otros 4 años en la poltrona de la Moncloa. Si, si es cierto esto que acabo de decir no menos cierto es que ha contado con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, UGTE y CCOO han sido cómplices necesarios de tamaña cabronada. La Asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros no existe.

Muy al contrario vemos con estupor como esa “Asociación” (que dicen se constituye para la defensa del trabajador) es simplemente una cueva de mafiosos que se amparan bajo el marco legal para medrar a costa de los trabajadores y del dinero público. El escándalo que se ha producido con los ERES en Andalucía (los sindicatos obtuvieron también su tajada de los ERE fraudulentos. Ya era sabido que como parte necesaria para presentar un expediente a la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT y CC OO, cobraban su comisión.

Pero la juez Mercedes Alaya ha puesto ceros y ha cifrado en 4,2 millones las “sobre comisiones” que considera ilegales; no es nada. Han pasado más de quince años del mayor escándalo de gestoras de cooperativas de vivienda en España y su recuerdo vuelve a estar ahora tan vivo como cuando estalló. El caso de la Promotora de Viviendas Sociales, PSV, fue la estafa más sonada de este sector que explotó en la década de los noventa.

Promovida por UGT, se vio obligada a suspender pagos a finales de 1993, iniciándose un proceso judicial que se prolongó durante más de siete años.

Ahora, nuevos escándalos como el de PSG, Ofigevi y Gespozuelo han desempolvado del baúl de los recuerdos el ‘caso PSV’.

Los llamados pisos de protección oficial son un tipo de viviendas, perfectamente delimitadas por la ley, pensadas para aquel segmento de la población que, por el coste de las unidades, no puede acceder al mercado libre, sobre todo en los tiempos de burbuja inmobiliaria. Una de estas fincas, en concreto un edificio de protección oficial levantado por Llar Unió Catatonia, la cooperativa de viviendas de la UGT, a menos de 30 metros de la avenida de Icaria, la rambla de la Vila Olímpica, reúne una selecta comunidad de vecinos, nada menos que parte de la cúpula del mismo sindicato que levantó el edificio sobre terreno municipal.

“Según consta en la documentación consultada por EL PERIÓDICO, entre los dueños de los pisos se halla el actual secretario de Organización de UGT-Catalunya, Jordi Camallonga; Ramón Cebrián, secretario general de la federación se Servicios Públicos, y María Helena Álvarez Suárez, sin cargo en el sindicato y hermana del secretario general, Josep María Álvarez. Aparece, también, algún otro miembro destacado del sindicato, como el responsable municipal de Programas de la Oficina de la Vivienda municipal, Enric Cremades. Para la otorgación de estos pisos de protección oficial, el nivel de renta de los demandantes es, obviamente, clave. Ninguno de los documentos analizados permite sospechar que, si bien el uso y disfrute de los pisos por parte de la cúpula del sindicato no es precisamente la motivación que sustenta la existencia de viviendas de protección oficial, se haya cometido ningún tipo de irregularidad.

TERRAZA DE 60 METROS / El edificio en cuestión tiene entrada por dos calles. La de Ávila, que da acceso a pisos de 80 metros cuadrados, y en el mejor de los casos terraza de 32, aparcamiento y trastero, y por el pasaje del General Bassols. Los inquilinos VIP -Camallonga y Álvarez Suárez- ocupan los pisos a los que se accede desde el pasaje y que cuentan con 90 metros cuadrados -en planta o dúplex-, una señora terraza de 57 metros cuadrados (ella) o un patio de 40 (él). Y, como todos, plaza para el poco sostenible coche y trastero. No es lo único que une a los altos cargos y a la familiar. La compra la hicieron todos el mismo día, el 26 de septiembre del 2008”.

El solar donde se levantó el edificio -cuyas obras finalizaron en el 2008- fue cedido por el ayuntamiento al sindicato. La ordenación urbanística del 22@ obliga a ceder una edificabilidad de 0,3 metros cuadros de techo por metro cuadrado de solar al ayuntamiento para la construcción de vivienda pública.

Según consta en los documentos, y prevé la ley, al cabo de 15 años de la fecha de adjudicación del piso -pagado siempre a un precio muy inferior al de mercado- los propietarios podrán solicitar que se recalifique su vivienda y podrán venderla libremente. Es decir, en el caso de los altos cargos, a partir del 26 de septiembre del 2023.

El piso en la zona más barato que este diario ha encontrado en una web inmobiliaria (93 metros cuadrados, sin terraza y con parking) está a la venta ahora, febrero del 2011, tras meses de descenso de los precios, por 450.000 euros. El precio de mercado de las viviendas, en septiembre del 2008, cabe pensar que era sensiblemente superior.

El chorreo constante de subvenciones del Gobierno Central, Gobiernos Autonómicos, Ayuntamientos, Unión Europea, a los propios sindicatos o camuflando el mamoneo mediante Asociaciones y Fundaciones “sin ánimo de lucro”, las juergas y comilonas de todos, desde los de arriba como los de más abajo ha sido bochornoso, hasta tal punto que UGT Andalucía manipuló su contabilidad interna para que no quedara rastro alguno de sus fiestas nocturnas de la Feria de Sevilla desveladas por EL MUNDO y costeadas con cargo al contribuyente andaluz. Lo ha testificado ante la Guardia Civil A. J. M., el ingeniero informático que instaló el programa de contabilidad Spyro y que asegura haber recibido órdenes del ex tesorero ugetista Federico Fresneda para maquillar los asientos contables que confirmaban el colmo del abuso del sindicato que actualmente dirige Carmen Castilla.

A todo esto la gente se debe preguntar ¿para qué me sirven estos sindicatos de mafiosos y gánster disfrazados de sindicalistas? El resto de la sociedad nos debemos preguntar ¿Por qué mantenemos estas organizaciones delictivas? No tienen que tener mucha ni poca vergüenza aquellos trabajadores que aun votan a esta “casta” que me atrevo decir son peores que la famosa “casta política” de Pablo Iglesias, claro que para todo existe una solución: El que quiera mantener vagos y maleantes que los pague de su bolsillo, se acabó la leche, las tetas de las vacas están secas. Rajoy sabe muy bien que sus amigos los sindicalistas avalaran la nueva reforma laboral que nos viene encima, al fin y al cabo tiene asalariados a los dos principales sindicatos españoles Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.

Supongo, y es mucho suponer, que existen sindicatos honestos que se dedican a velar por los intereses de sus afiliados, pero son tan poquitos que apenas se cuentan con dos dedos de la mano derecha. Yo no los conozco.

 

 

 

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