Elblogoferoz.- El Consejo de Gobierno acordó hoy solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto que regulará el procedimiento para retener el 2% de los pagos pendientes a las entidades del sector público de la comunidad autónoma que incumplan con el deber de facilitar a la Audiencia de Cuentas la información necesaria para la fiscalización de su gestión.
La retención, que finalizará después de acreditar que estas entidades han colaborado finalmente con el órgano fiscalizador, se aplicará a los organismos autónomos y empresas públicas adscritas o participadas por el Gobierno de Canarias; a los ayuntamientos, cabildos y mancomunidades; a las universidades públicas; y a cualquier otro ente que reciba fondos de los presupuestos de la administración autonómica.
El procedimiento se iniciará a petición de la Audiencia de Cuentas que dará un plazo de 15 días a la entidad incumplidora para atender sus requerimientos en relación a la correcta remisión de información y documentación. Transcurrido ese periodo sin ser atendidos, instará a la Tesorería de la comunidad autónoma la retención del 2% de los pagos que puedan corresponderle.
La resolución la ejecutará la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, que contará con tres días para hacer efectiva esa retención sobre los pagos en firme, los que estén en fase de ordenación o sobre los futuros abonos que se prevé realizar a la entidad incumplidora.
La retención se cancelará cuando la Audiencia de Cuentas comunique que el ente ha aportado la información requerida y haya cumplido con su obligación legal. Tras esa constatación, se procederá a liberar la totalidad de los pagos pendientes.
Transparencia
Por otra parte, el Gobierno de Canarias, después de los notables resultados de la Estrategia para la Modernización y Mejora de los Servicios Públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEMAC 2012-2014), ha aprobado hoy el Decreto por el que se establece el Marco General para la Innovación y Mejora de los Servicios Públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Con este marco general el Gobierno de Canarias pretende consolidar el proceso de mejora y modernización iniciado y culminar la consecución del objetivo perseguido que no es otro que el de obtener una Administración más transparente y con mayor capacidad de gestión, estableciendo un compromiso permanente con la innovación y mejora continua de los servicios públicos, articulado en torno a unas líneas de actuación que propicien una Administración Pública eficiente, que ofrezca servicios de calidad y que dé respuesta a las demandas de la ciudadanía canaria.
La aprobación de este Decreto implica que la modernización de la Administración Autonómica Canaria adquiera características de permanencia, de continua reflexión y de reformulación periódica de la gestión administrativa, para seguir avanzando hacia una Administración Pública del siglo XXI que ajuste su actuación a principios y criterios comúnmente aceptados como los de transparencia, participación, eficacia, eficiencia, economía, calidad, celeridad y responsabilidad.
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