FIRMAS Salvador García

Nubes de hipoteca. Por Salvador García Llanos

El presupuesto del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz entró en vigor el 30 de enero pasado y ya hay previstos reconocimientos de créditos. Seguro que no es la primera vez que sucede pero ello nos da idea de la fragilidad e inconsistencia de las previsiones contables municipales que, a su vez, pone de relieve la zozobra económico-financiera de la institución, muy maniatada para cumplir sus obligaciones y con apenas recursos para poder atender distintas actividades.

Entre esas obligaciones figuran las del régimen retributivo del personal, sobrevenidas como consecuencia de sentencias judiciales desfavorables a raíz de las reclamaciones interpuestas para mantener niveles y porcentajes consignados en convenios colectivos. La justicia ha venido a dar la razón a los empleados y el gobierno local tendrá que reconsiderar y consignar fondos para hacer frente a tal circunstancia. Tendrá que negociar, claro, pero va a remolque.

Es importante que alcance un acuerdo pues en caso contrario la situación, para el Ayuntamiento, pasará de grave a gravísima. La sombra de la palabra quiebra empieza a perfilarse.

Para las interioridades queda discernir qué ha primado: si las reducciones operadas en los haberes del personal también facilitaron en alto grado el cumplimiento del Plan de ajuste que el gobierno local tuvo que afrontar o las supuestas y autoatribuidas bondades en la gestión. El hecho de que se interprete interioridades no obsta para que se negocie con claridad, con voluntad de hallar salidas y con reflejo en la ciudadanía, que para eso hablamos de recursos públicos y para eso tiene todo el derecho del mundo cuál es el alcance real de su capacidad para afrontar el porvenir.

Pero, independientemente de la trascendencia que se otorgue a este apartado, lo importante es que la economía municipal vuelve a resentirse como consecuencia de decisiones judiciales que obligan a revisar determinados acuerdos. Hay que tener en cuenta que desde que el gobierno planteó que iba a tomar estas decisiones, los trabajadores señalaron que iban en contra de la ley, que las mismas eran ilegales y que iban a provocar que, cuando salieran las sentencias, el Ayuntamiento se viera en delicada situación por el montante que se habría acumulado.

Sin embargo, el grupo de gobierno optó por seguir con el proceso, conscientes de que para cuando se conocieran las sentencias ellos ya probablemente no estarían. Mientras, utilizaron ésta y otras medidas restrictivas para falsear que se estaba cumpliendo con el plan de ajuste, a sabiendas de que finalmente tendría que devolver todo ese dinero por sentencia judicial.

Para mayor inri, todas las acciones de nuevas restricciones aprobadas en el pleno del pasado día 26 de enero (hace una semana) han sido puestas sobre la mesa por el concejal-delegado de personal como elementos para negociar y evitar así la posible quiebra. ¿No habría sido mejor negociar primero? ¿No es un absurdo derogar una semana después las decisiones tomadas por el pleno

Los empleados prefirieron esta vía, la judicial, antes que las protestas o los plantes. Están en su derecho, es respetable. Y ahora, para la negociación, arrancan de la premisa de derechos reconocidos. A ver cómo se resuelve tan delicada coyuntura mientras la sombra aludida parece presagiar nubes de hipoteca.

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