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El Gobierno canario podrá decidir qué inversiones son estratégicas para las islas

AGENCIAS.- El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes, con los votos de CC y PSOE, el proyecto de ley sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas, que tiene por objeto agilizar la tramitación de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que sean declarados de interés estratégico por parte del Ejecutivo canario.

Miguel Jorge Blanco (PP) reconoció que este proyecto de ley nació con “buenas intenciones”, pero consideró que las soluciones que presenta son “desafortunadas y arbitrarias” porque da un “ropaje de legalidad” a la existencia de un comité de inversiones “hecho a la medida” del presidente Rivero y del Consejo de Gobierno, que “son los que decidirán qué proyectos jugarán en primera división y cuáles en segunda”.

El diputado popular recordó, asimismo, que el propio Consejo Consultivo desautorizó al Gobierno de Canarias por este proyecto de ley, y añadió que “algo no se habrá hecho bien” por parte del Ejecutivo cuando los mismos beneficiarios de la ley la han calificado de “arbitraria” y han advertido de que la recurrirán ante instancias europeas. Por el Grupo Mixto, Román Rodríguez, pidió que este proyecto de ley es “el colmo de la arbitrariedad”, pues vuelve a poner en manos del Gobierno de Canarias el derecho a decidir de forma subjetiva qué inversiones privadas “son estratégicas, que no quiere decir urgentes”. Además, añadió que hace “desiguales” a las iniciativas empresariales ante la ley, “transgrede” las competencias locales y beneficia a los empresarios que “están próximos al poder”.

Emilio Mayoral, del PSOE, señaló que hoy culmina la tramitación de un proyecto de ley “controvertido” y criticado “sin fundamento alguno”, pues negó que propicie la “arbitrariedad” y el “centralismo”, afirmaciones que hasta la hecha “no han podido ser sustentados con ningún argumento” y que son “eslóganes prefabricados que no buscan otra cosa que un titular de prensa”, apostilló.

El diputado reconoció que esta ley es “intervencionista”, por eso aclaró que el PSOE rechazará aquellas medidas que no tengan como objetivo el interés general. En cualquier caso, incidió en que la ley “no sustituye ni desplaza en modo alguno al ordenamiento jurídico que regula las distintas autorizaciones administrativas con la que han de contar los proyectos de inversión”.

Por último, José Miguel Barragán (CC) quiso dejar claro que esta ley sólo busca “acortar plazos” y no “corruptelas” o buscar “proyectos de primera o de segunda”. Añadió que busca “transparencia”, de ahí que, en su opinión, haya empresarios y promotores que estén “nerviosos”. “A lo mejor los corruptos eran otros que antes tiraban de teléfono y que ahora no pueden”, remarcó.

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