FIRMAS Salvador García

AENA, otra más. Por Salvador García Llanos

Podrá parecer simplista el razonamiento pero si el Estatuto de Autonomía de Canarias determina que la Comunidad tendrá a su cargo la competencia ejecutiva sobre los puertos y aeropuertos de interés general para los que el Estado no se reserve su gestión directa, resulta evidente que el Estado, en el proceso de privatización parcial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), está vendiendo algo que no es suyo como son los aeropuertos canarios incluidos en la operación.

Se empeñan en tensar las cuerdas, en hacer cada vez más tirantes las relaciones. Y últimamente, entre la desconsideración del Régimen Económico y Fiscal (REF), queriendo hacerlo depender de los vaivenes del sistema de financiación autonómica -que ya ha evidenciado, por cierto, sus perjuicios para las islas- y el menosprecio a un precepto estatutario esencial para el transporte y la movilidad, los desencuentros se hacen más que evidentes. Difícilmente se encontrarán una etapa y unos hechos que hayan generado más descontentos y hayan propiciado una relación institucional tan frágil y quebradiza. Apenas diálogo, apenas avances: a más quejas, mayor menosprecio. Solo la proximidad de la convocatoria electoral y la preconfiguración de los escenarios posteriores, así como un derroche de prudencia (¿prudencia o resignación?) política, han frenado las consecuencias.

Volviendo a la privatización de AENA, conviene recordar los antecedentes tanto de la voluntad de negociaciones bilaterales, hecha pública mientras se barruntaba un recurso de inconstitucionalidad que presentaría el Gobierno de Canarias, como de la acción entablada ante el Tribunal Supremo por la propia Comunidad Autónoma para esclarecer el silencio administrativo subsiguiente a la decisión del consejo de ministros de autorizar a la entidad pública empresarial, ENAIRE, dependiente del ministerio de Fomento, la privatización parcial de AENA. La conclusión es que el ejecutivo autonómico solicitará ante el Supremo la suspensión cautelar de este proceso privatizador.

Pero, al lado de la batalla jurídica, de las objeciones hechas por los trabajadores y del negocio puesto en marcha con inserciones publicitarias que son todo un reclamo (salida a bolsa del 21% del capital del considerado operador aeroportuario más importante del mundo), no hay que perder de vista lo que significan los aeropuertos en Canarias. Claro que son estratégicos, imprescindibles para el negocio turístico, algo más que una infraestructura de transporte, básicos tanto para la conectividad con la península y con el resto del mundo como para la cohesión económica, social y cultural de un territorio insular alejado.

Y tan simple como el razonamiento del principio: si el Estado vende una empresa pública que, según sus propios responsables, produciría este año cientos de millones de euros de beneficios, a cuenta de qué ese interés en la operación sin tener en cuenta razones y peculiaridades como las canarias. Cabe preguntarse, no sin ingenuidad, si el Estado sanea una empresa pública  para venderla a intereses privados.

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