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Femete denuncia que no hay voluntad de combatir la economía sumergida

Elblogoferoz.-  “No hay voluntad de luchar contra la economía sumergida. La ilegalidad se permite por comodidad política. ¿Qué pasaría si dejamos todos de pagar impuestos?”. Son palabras del secretario general de la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, José González, que califica “urgente, importante y vital que administraciones, policía y agentes sociales nos unamos para combatir la peligrosísima ilegalidad, aplicando un plan eficaz que ayude a reducir esa sangría que está lacrando la creación de empleo, la generación de riqueza, a la vez que pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad”.

Para González, “es una barbaridad que en Canarias se contabilice un 31% de personas sin empleo. Si ese dato fuera real, tendríamos a la gente rompiendo escaparates en las calles. Resulta evidente que la clandestinidad sirve de colchón para que muchas familias no caigan en una pobreza extrema. Los políticos lo ven como un mal necesario. Sin embargo, consideramos que es un error enorme, ya que está generando una competencia desleal atroz y, atención, un síndrome de “quemado” entre los que sí cumplimos con nuestras obligaciones”.

“Esto tiene que acabar –insiste el secretario general de Femete- de una vez por todas. Ya está bien. Nuestros políticos deben de tomarse en serio este gravísimo problema que día a día detectamos y que nuestros empresarios lamentan continuamente, originando un desánimo enorme en su actividad diaria. Se sienten castigados, cuando el empresario legal tendría que ser defendido. Por eso, hay que convencer al cliente, al consumidor, al ciudadano, del daño enorme que supone acudir a un clandestino que, en definitiva, termina empobreciendo nuestra comunidad, al mismo tiempo que arriesga el medio ambiente y hasta la seguridad. Muy posiblemente, si afloráramos toda la ilegalidad, habría más prosperidad y tranquilidad entre las familias canarias. El problema es que no existe voluntad política de arreglarlo. Se ponen parches, pero no medidas fuertes y contundentes donde la gente entienda que no puede realizar una actividad clandestina por las fuertes penas o repercusiones que puede causar. ¿Hasta cuándo?”.

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