Sin categorizar

El Constitucional avala la Ley de Estabilidad Presupuestaria y rechaza el recurso de Canarias

AGENCIAS.- El Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012 por el Gobierno, y ha rechazado el recurso interpuesto contra la norma por el Ejecutivo de Canarias, que consideraba que el Estado Central se extralimitaba en el ejercicio de sus competencias.

En la sentencia, el alto tribunal entiende que la ley desarrolla y concreta la aplicación del mandato constitucional de estabilidad presupuestaria, contenido en el artículo 135 de la Constitución, artículo que, a su vez, es fruto del Tratado por el que la mayoría de estados miembros de la UE se comprometieron a mantener sus administraciones en situación de equilibrio o superávit presupuestarios.

De esta forma, el tribunal avala, en contra del criterio el Gobierno de Canarias, el «uso de la coerción prevista en el artículo 155 de la Constitución», que establece que cuando el incumplimiento de los objetivos de estabilidad por parte de una comunidad autónoma coloque al Estado «frente a una eventual responsabilidad ante las instituciones europeas», éste puede enviar a expertos a dichas comunidades para que evalúen las medidas a adoptar.

Así, considera constitucionalmente legítimo que el Gobierno pueda proponer a la Administración incumplidora la adopción de una serie de medidas (recogidas en el artículo 25 de la norma), ya que el cumplimiento de los objetivos de déficit y de endeudamiento «representa una cuestión de interés general de extraordinaria importancia, respecto de cuya consecución el Estado es garante último». Estamos en presencia, añade la sentencia, «de una injerencia legítima por debida, necesaria y proporcionada».

Con argumentos similares, el TC también avala el artículo 26 de la ley de estabilidad presupuestaria, que recoge medidas forzosas que el Gobierno puede imponer a las administraciones incumplidoras, dado que opera, según el tribunal, como medida de «último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente, de una determinada comunidad, que no ha adoptado, primero por propia iniciativa y, luego a instancia del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido».

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario