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El Parlamento aprueba la nueva ley de RTVC que pone límite a la elección del futuro director

La televisión pública obtuvo entre un 10 y un 15% de `share´.

AGENCIAS.- El Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves, con los votos a favor de los grupos Nacionalista, Socialista y Mixto (NC-PIL), y el rechazo del Grupo Popular, la nueva ley que regula RadioTelevisión Canaria.

El apoyo del Grupo Mixto se logró en la sesión plenaria a través de una enmienda transaccional para que el director general y el Consejo Rector no se elijan por mayoría absoluta de la Cámara, sino por dos tercios de los diputados o tres quintos (en segunda votación). Si no hubiera acuerdo, se tendría que iniciar otra vez el proceso hasta llegar a un consenso.

La diputada del Grupo Popular, Águeda Montelongo, se quedó sola en la Cámara tras el apoyo de los grupos que sostienen al Ejecutivo a la propuesta de Pedro Justo (NC), si bien la socialista Belinda Ramírez ha alertado del riesgo de «bloqueo», tal y como sucedió en la pasada Legislatura con la renovación de los órganos que dependen del Parlamento a raíz de la victoria electoral del PSOE, que alcanzó los 26 diputados.

Montelongo ha criticado que la ley se apruebe por la «puerta falsa» al no lograrse el consenso, y ha insistido en rechazar la fórmula de la «universidad de la vida» dado que el futuro director general deberá tener titulación universitaria superior o una competencia reconocida en gestión durante un plazo no inferior a cinco años. «Perpetúa el modelo de propaganda al servicio del presidente», ha comentado.

Por el Grupo Socialista, Belinda Ramírez ha dicho que la ley es un «salto cualitativo» porque va a acabar con el «control gubernamental» del ente, que tendrá su propia autonomía. «Queremos objetividad, pluralismo e independencia», dijo, y acusó al PP de no tener «autoridad moral» en este debate en virtud al modelo implantado en Televisión Española y en las cadenas autonómicas donde gobiernan.

Nuria Herrera, del Grupo Nacionalista, tachó de «falta de respeto» a la Cámara la alusión a que la ley se aprueba por la «puerta falsa», y defendió que no se fije titulación universitaria en base a que la profesión periodística no está regulada en el Estado.

Aparte del nombramiento del director general a través de la Cámara regional, la ley también comprende la creación de un Consejo Asesor formado por 26 miembros y Consejos de Informativos para velar por la independencia y objetividad de los contenidos.

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