FIRMAS Salvador García

Consecuencia, debilitar derechos. Por Salvador García Llanos

Como todo discurre tan vertiginosamente, es probable que no recordemos o no hayamos reparado lo suficiente en aquella protesta conjunta que la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) expresaron en ocasión del impedimento de la cobertura directa que el Gobierno de España impuso cuando su presidente se reunió en el palacio de La Moncloa con los directivos del Consejo Empresarial de la Competitividad. El ejecutivo vetó entonces la presencia de los periodistas, incluidos camarógrafos y periodistas gráficos. Optó por enviar nota, fotos y video: los medios que querían dar cuenta de la sesión tenían que nutrirse de ese material.

Claro que es un hecho insólito entre los ocurridos el pasado año. Y no el único para entender el inquietante alcance de los límites a la libertad de información que se van amontonando en nuestro país. En aquella nota, se decía textualmente que “el Gobierno tiene que saber que este tipo de actuaciones debilita los derechos constitucionales de libertad de expresión y de información”. Es difícil asumir, en efecto, que en plena sociedad de la información o del conocimiento se den en España situaciones como la que nos ocupa. Se dirá que nada, pero ¿qué quería ocultarse, qué no debía trascender de aquella reunión? Si lo hace el Gobierno, aunque ofrezca esa alternativa de la información teledirigida, no hay que extrañarse de que los responsables públicos de otros niveles institucionales recurran a subterfugios similares. De ahí al oscurantismo o a la propaganda oficial no hay más que un paso.

No fue el único episodio, decíamos. Las reticencias a convocar ruedas de prensa, las comparecencias a través de pantallas de plasma -sin preguntas, por supuesto-, las frecuentes respuestas elusivas cuando más se precisaba lo contrario ante una auténtica nube de micrófonos y maniobras para el quebrantamiento de pactos históricos entre periodistas, en circunstancias concretas, para determinar el contenido de preguntas y quién las formula se han sucedido hasta llegar a poner en riesgo la libertad para ejercer el periodismo. Es una de las grandes preocupaciones de la profesión en 2013, junto al desempleo o el trabajo mal remunerado.

Lo prueban los resultados del ‘II Estudio sobre la profesión periodística’ llevado a cabo por la firma Gas Natural Fenosa y la Asociación de Periodistas de Información Económica. Los datos son llamativos comparados con los de la primera edición realizada hace tres años: el porcentaje de quienes piensan que hay menos libertad para ejercer el periodismo ha aumentado en dieciséis puntos. Se ha pasado del 37 al 53%, un salto notable que debe hacernos reflexionar en plena crisis de la profesión, sobre todo, para valorar en qué condiciones se desarrolla el trabajo. Más de la mitad de los consultados, ciento veinte periodistas, cree que la libertad para dedicarse al periodismo es menor. Si se añade que un 31% entiende que es igual y el 10% interpreta que ha aumentado, el panorama es preocupante. Hay una percepción muy extendida de que las cosas han cambiado -y no a mejor, precisamente- de forma considerable.

Todo lo que sean obstáculos a la libertad de información y de expresión, a la larga, condicionan el desenvolvimiento social y hasta merman la propia calidad democrática. La sumisión de los contenidos a intereses y presiones hizo a la prensa española menos permeable a los cambios y exigencias de la sociedad. No puede ser que las mismas administraciones prediquen y hablen de transparencia y de propiciar un mejor y más fácil acceso al conocimiento de sus decisiones y de sus gestiones para luego hurtar o trabar la información. Aumenta -esto es lo grave- el número de profesionales que considera que se ha reducido su libertad para informar.

Ello repercute, naturalmente, en la credibilidad y hasta en la propia capacidad de influencia con respecto del poder político. De los resultados de otra consulta, en efecto, se desprende que tales factores se deben a la capacidad económica de los medios, a la precariedad laboral derivada de la crisis del sector, a la evolución de las redes sociales y a la presión de poderes muy influyentes. Como hemos sostenido en otros foros, tantas dificultades para informar van mermando las ganas, van desanimando y anulando, casi, cualquier alarde crítico. Según la teoría de Bernardo Díaz Nosty, catedrático de Periodismo en la Universidad de Málaga, surgió la burbuja mediática, que no se basó solo en la mejoría de los ingresos por ventas y publicidad sino en la relación estrecha con las estructuras de poder económico y político. Las consecuencias, de acuerdo con el citador autor, son fáciles de colegir: alejamiento de los periódicos de la sociedad, merma de credibilidad y acentuación, en términos ideológicos, de la polarización editorial.

Quienes creían que era difícil retornar a tiempos donde la libertad de informar se vio maniatada o amenazada, que no se confíen por mucha impunidad que siga a las barbaridades, falacias, tergiversaciones o excentricidades que circulan por el universo mediático. Solo un 20% de periodistas declara no haber sufrido jamás presiones para cambiar el contenido o la orientación de un texto.

Sombrío panorama.

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