Elblogoferoz.- En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, Álvaro Dávila, alcalde de Tacoronte expone en ella los motivos que han llevado a los concejales del PP en dicho municipio a la presentación de una querella amparada en la Cuenta General 2012, que resultó ser aprobada por el Pleno Municipal y auditada por la Audiencia de Cuentas de Canarias:
«El alcalde Álvaro Dávila, expone que hubiera querido convocar la rueda de prensa mucho más temprano, pero tuvo en su poder el auto al que anoche hacían referencia los medios de comunicación, esta misma mañana, el cual tuvo que recoger personalmente en Juzgado de Instrucción nº 4 de La Laguna, aclarando que no había sido ni entregado ni notificado al propio implicado. Después de tenerlo en su poder, ha analizado su contenido para comparecer ante los medios y ofrecerles las aclaraciones oportunas.
Álvaro destaca el absoluto respeto por la importante labor informativa de los medios de comunicación, ya que considera que están en su derecho y en su deber de informar a la sociedad sobre éste y otros asuntos. Por el contrario, no parece muy riguroso que en este país el auto se filtre a los medios de comunicación antes de que al propio implicado, puesto que se entera de la imputación a través de los medios de comunicación.
La imputación hacia el alcalde proviene de una querella presentada ante la Fiscalía por el Partido Popular, a la que se suma otra querella por parte de la ex interventora del Ayuntamiento que la jueza ha estimado oportuno unificar en un mismo procedimiento. Ambas fueron presentadas en los mismos días y a través del mismo abogado. En sus aclaraciones no entra a valorar el trabajo de los compañeros de la oposición pero lo que sí deja claro que detrás de esta querella se esconden evidentes razones políticas.
Está convencido de que todas sus actuaciones se han ajustado escrupulosamente a la Ley y que, por tanto, ejercerá su derecho de defensa para demostrar su honorabilidad. Bajo ningún concepto quiere que quede en entredicho su integridad profesional y su buen nombre. Los hechos de la imputación no constituyen ningún acto de corrupción política, puesto que ha actuado siempre conforme a Derecho. Los hechos objeto de la imputación aluden a labores fundamentales para un gobierno municipal con el único fin de dar continuidad a servicios esenciales para los ciudadanos, mientras se resolvían temas administrativos que era necesario actualizar. Concretamente los hechos por los que se le imputan son los siguientes:
-Pagos indebidos al personal de la entidad local. Un decreto que fue firmado en el año 2005, es decir, ya estaba establecido cuando tomó posesión como alcalde del municipio, y era un decreto de acuerdo y ajustado a derechos según la intervención y la secretaría de aquel momento.
– 194 reparos de intervención referidos a la Cuenta General del 2012. ‘Al poco tiempo de llegar (11 de junio 2011) al Ayuntamiento, la técnico de contratación le hace llegar 27 contratos que estaban caducados hacían años, con lo cual, al estar caducados, el pago que se hacía mensual el interventor del momento los reparaba. Esto significa, que estaba caducado hacía años el contrato de atención domiciliaria, por ejemplo, y si no se levantaba el reparo, esas personas se quedaban sin atención a domicilio. El contrato de telefonía móvil, o el de jardines, y así los 27. A día de hoy, de los 27 contratos caducados hay ya 24 totalmente resueltos. Es decir, lo único que se ha ido haciendo es dejar el Ayuntamiento en perfectas condiciones administrativas sin contratos caducados, teniendo en cuenta el trabajo que significa sacar estos contratos a concurso día a día’.
En sus declaraciones, comenta que demostrará con el respaldo documental necesario, que no son ciertos los hechos de los que se le imputan y que ha actuado siempre conforme a la legalidad vigente, puesto que confía plenamente en la Justicia, prestará toda su colaboración para que los hechos que aparecen recogidosen el auto puedan clarificarse convenientemente con todas las garantías procesales».
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